La Justicia imputó a dos productores rurales por usurpación de un campo en Las Flores

Dos productores rurales del departamento San Martín, Nemesio y Jonathan Soria, fueron imputados por la presunta usurpación de un campo ubicado en el paraje Las Flores, en jurisdicción de Paso Grande. La acusación fue formalizada este miércoles por la fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción Nº 2, Ornella Costa, durante una audiencia ante el Juzgado de Garantía Nº 4.

Según la investigación, el hecho principal se habría producido el 16 de mayo, cuando los Soria ingresaron al predio perteneciente a Nicolás Novarese y Esteban Cichero y retiraron alambrados, postes, tranqueras y parte del cierre perimetral. De acuerdo con el relato de la fiscal, la finalidad habría sido apropiarse del terreno e impedir el acceso de los propietarios y de sus empleados.

La maniobra fue advertida por vecinos de la zona, quienes observaron el movimiento de los imputados dentro del campo, el retiro de los cierres y el desarme de un corral donde se encontraban animales vacunos de los denunciantes. Los elementos desmontados habrían sido cargados en un camión y retirados del lugar, mientras que los huecos donde estaban enterrados los postes fueron tapados, dejando el perímetro abierto.

Costa indicó que, desde entonces, los dueños del establecimiento y su personal no han podido ingresar libremente al predio, lo que incluso afectó la alimentación del ganado. Para la fiscalía, esa conducta encuadra en la figura de usurpación prevista en el artículo 181 del Código Penal.

En su exposición, la fiscal contextualizó que en 2012 Nemesio Soria obtuvo autorización para explotar dos canteras en desuso en la zona. Más tarde, pidió una servidumbre de paso para llegar a la mina y, luego, permiso para construir una estructura que utilizaría como resguardo durante el invierno. Costa sostuvo que esas autorizaciones nunca implicaron habilitación para ocupar el campo, modificar sus límites ni restringir el ingreso de los titulares registrales.

La investigación incorporó como evidencia la denuncia inicial y su ampliación, un informe de la Subcomisaría N° 9 de Paso Grande, el acta de croquis e inspección labrada el 16 de mayo, fotografías del lugar, testimonios de vecinos y documentación dominial. También se agregaron registros sanitarios y actas de vacunación del Senasa que, según la querella, acreditan la explotación del predio por parte de Novarese y Cichero desde hace décadas.

Con base en esos elementos, la fiscal solicitó medidas cautelares para asegurar el proceso: que los imputados se presenten una vez por mes, durante cuatro meses, ante la Unidad de Gestión Fiscal Nº 2 para firmar el libro de imputados y que se les prohíba salir de la provincia por el mismo lapso. La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, hizo lugar a ambas peticiones.

La defensa, ejercida por Guillermo y Belén Levingston, negó la existencia de un delito y cuestionó la titularidad del campo. Planteó que no se habría demostrado de forma concluyente la propiedad por parte de los denunciantes y pidió que la denuncia sea desestimada.

En sentido contrario, el querellante Esteban Bustos afirmó que sus representados poseen de manera continua y legítima el campo “El Pozo”. Para sostener esa posición, presentó actas de vacunación del Senasa desde 2011, documentación vinculada a la explotación del predio y una cesión de derechos mineros en la que, según detalló, uno de los imputados habría reconocido expresamente que la mina se encuentra en tierras pertenecientes a Cichero. También exhibió un acta notarial firmada por las partes y documentación de la Dirección Provincial de Minería de 2013, donde figuran Novarese y Cichero como propietarios y poseedores del inmueble.

De acuerdo con la querella, los Soria ingresaron sin autorización, retiraron alambrados y tranqueras y desde entonces impiden el acceso tanto de los dueños como de sus empleados, afectando la actividad productiva.

Tras la audiencia de formulación de cargos y la imposición de las medidas cautelares, la causa continuará en etapa de investigación penal preparatoria, en la que se completarán pericias, nuevas declaraciones y análisis de la documentación aportada antes de que la Justicia defina si eleva el expediente a juicio.