Una mujer que amenazó a otra deberá hacer tareas comunitarias y pagarle

Una mujer denunciada por amenazas deberá cumplir, durante seis meses, una serie de condiciones fijadas por la jueza de Garantía N° 4, quien este martes hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por la defensa. La medida incluye tareas comunitarias, el pago de una reparación económica y la obligación de donar alimentos a una fundación.

De acuerdo a la resolución, la imputada está obligada a fijar domicilio y mantenerlo actualizado ante la Justicia, abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol, y presentarse una vez al mes ante el Juzgado de Ejecución Penal para acreditar el cumplimiento de las reglas de conducta.

Como parte de la reparación hacia la víctima, deberá abonar dos cuotas de cincuenta mil pesos y realizar trabajos comunitarios en la Fundación Hugo Pécorari, los días sábado y en horarios que no interfieran con sus obligaciones laborales. Además, tendrá que donar alimentos a la institución, según el esquema acordado en la audiencia.

La jueza también le impuso la prohibición de acercamiento a la víctima y la prohibición de todo tipo de contacto, ya sea personal, telefónico, por redes sociales o mediante terceros. La imputada tampoco podrá realizar expresiones públicas referidas a la mujer denunciante. Cualquier incumplimiento será informado de inmediato al tribunal.

El control del conjunto de las medidas estará a cargo del Juzgado de Ejecución Penal, con apoyo de informes del Instituto Provincial de Reinserción Social, que deberá registrar la asistencia a las tareas comunitarias y el respeto de las restricciones.

Desde la Fiscalía N° 3, que prestó conformidad al acuerdo, consideraron que la probation es una vía adecuada para canalizar el conflicto sin llegar a debate oral, teniendo en cuenta la entidad de los hechos denunciados, ocurridos en 2024. La herramienta permite suspender el proceso penal siempre que la acusada cumpla todas las reglas impuestas.

En caso de que la mujer incumpla cualquiera de las condiciones fijadas, el beneficio será revocado y la causa retomará su curso ordinario, con la eventual elevación a juicio y la posibilidad de una condena en el marco del Código Penal.