El Gobierno echó a más de 60 mil empleados públicos en dos años de gestión

El Gobierno nacional profundizó en sus primeros dos años una política de reducción del empleo público que dejó un saldo de más de 60 mil desvinculaciones. La cifra, según datos oficiales, forma parte del plan de ajuste que la administración de Javier Milei impulsa como eje de su estrategia de “motosierra” y achicamiento del Estado.

De acuerdo con un informe difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 se registraron 60.494 bajas en distintos sectores del sector público nacional. El reporte, que menciona entre sus colaboradores al ex diputado Alejandro Cacace, detalla cómo se distribuyó el recorte por áreas.

El mayor impacto se concentró en la administración pública centralizada y descentralizada, que incluye ministerios, secretarías y organismos estatales: allí se contabilizaron 35 mil despidos, el núcleo más significativo del ajuste aplicado por el Poder Ejecutivo.

El relevamiento también consignó 7.200 desvinculaciones en el personal militar y de las fuerzas de seguridad, y algo más de 18 mil bajas en empresas públicas, en un contexto de reestructuraciones internas, cierres de áreas y revisión de dotaciones.

Desde el Gobierno sostienen que el proceso apuntó a eliminar cargos considerados innecesarios y a reducir estructuras jerárquicas. En esa línea, el informe oficial remarcó que la política de ajuste implicó una reducción del 35% en los cargos superiores del Estado, uno de los puntos que la administración destaca como señal de “orden” en la organización pública.

La contracara del recorte es el conflicto político y sindical que sigue abierto. Mientras el oficialismo presenta la poda como parte de su programa económico y administrativo, el impacto en la estabilidad laboral y la capacidad operativa de áreas estatales continúa alimentando tensiones con gremios y cuestionamientos desde sectores de la oposición.

Con el ajuste como bandera de gestión, el debate de fondo se mantiene: hasta dónde puede llegar la reducción del Estado sin afectar servicios, y qué modelo de administración pública quedará después de la reestructuración que impulsa la Casa Rosada.