Política nacional

El Gobierno habilitó el debate para bajar la edad de imputabilidad en febrero

Javier Milei amplió el temario de las sesiones extraordinarias y sumó el Régimen Penal Juvenil. El decreto se publicó tras su anuncio en Mar del Plata y abre una discusión sensible: qué hacer con los delitos graves cometidos por menores y cómo actualizar un sistema vigente desde hace décadas.

El Gobierno nacional oficializó este martes la incorporación del “Régimen Penal Juvenil” al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el 2 de febrero de 2026. La decisión quedó formalizada en el Decreto 53/2026, firmado por el presidente Javier Milei y su vocero y ministro, Manuel Adorni.

El texto del decreto es breve, pero con una dirección política nítida: habilita el tratamiento de proyectos vinculados a un nuevo esquema de responsabilidad penal para menores. La medida llegó horas después de un acto de Milei en Mar del Plata, donde volvió a instalar la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, en línea con el endurecimiento que impulsa el Ejecutivo.

El debate parte de un punto de base: hoy, en Argentina, no es punible quien no haya cumplido 16 años, según el régimen penal de la minoridad vigente (Ley 22.278 y modificatorias). En ese marco, el Gobierno busca abrir la discusión para reducir el umbral de imputabilidad y definir condiciones de juzgamiento y sanciones para casos de gravedad.

La inclusión en extraordinarias no implica una aprobación automática, pero sí acelera los tiempos parlamentarios y pone el tema en la primera línea de la agenda política del verano. En el Congreso, el oficialismo necesitará construir mayorías y enfrentar un debate que suele cruzar posturas jurídicas, sociales y de política criminal, con foco en prevención, reinserción y respuesta penal.

Con el temario ya ampliado, el próximo paso será el ingreso y giro formal de los proyectos a comisiones y la negociación entre bloques para habilitar su tratamiento. El Gobierno apuesta a que la discusión empiece en febrero; la oposición y las organizaciones especializadas anticipan que pedirán precisiones sobre alcances, garantías y el impacto real de una reforma que, por su naturaleza, promete dividir aguas.

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