El caso Ponce reavivó el dolor por el femicidio de Laura Chirino y la libertad condicional

La conmoción por el ataque a una nena de 10 años en Santa Rosa del Conlara volvió a poner en primer plano un caso que marcó a Villa Mercedes hace más de dos décadas: el femicidio de Laura Chirino, asesinada en 2002 cuando tenía 17 años. El detenido por el nuevo hecho es Diego Domingo Ponce, condenado a prisión perpetua por aquel crimen y beneficiado en octubre de 2025 con la libertad condicional, decisión que ahora quedó bajo fuerte escrutinio público.

El episodio que precipitó su regreso a prisión ocurrió en el paraje Los Peros, a pocos kilómetros de Santa Rosa. Según la investigación, Ponce ingresó a una vivienda con fines de robo y atacó a la menor con un arma blanca, provocándole una grave herida en el cuello. La niña logró sobrevivir tras una intervención quirúrgica y, de acuerdo con lo informado por el fiscal Marcelo Saldaño, habría simulado estar muerta para evitar nuevas lesiones. Este martes, al recibir el alta, regresó a su casa y fue recibida por vecinos en una caravana.

En Villa Mercedes, la noticia golpeó de lleno a la familia de Laura Chirino, que hasta ese momento creía que el condenado continuaba cumpliendo la pena. “Sentimos que todo se repite y que se mueven cosas muy profundas. No está siendo un momento fácil”, expresó Celeste, hermana de la víctima. Sus padres, en tanto, optaron por no dar entrevistas, al considerar que sería “vivir dos veces lo mismo”.

El caso original tuvo un alto impacto social y judicial. Laura no mantenía una relación sentimental con Ponce: ambos integraban un grupo de adolescentes que solía reunirse en el barrio Obras Sanitarias. En el juicio se incorporaron antecedentes de preocupación familiar por actitudes del acusado, y también se mencionó una frase que la joven habría compartido en su entorno: “Si no sos mía, no vas a ser de nadie”.

La reconstrucción del crimen indicó que Laura salió de su casa durante la madrugada, dejando la puerta entreabierta, en un contexto de tensiones previas entre jóvenes del grupo. Según testimonios, fue atacada con un cuchillo desde atrás cuando estaba sentada. También se describieron maniobras posteriores para ocultar evidencia: un testigo declaró que Ponce pidió lavar ropa con sangre y sostuvo que “un amigo” había tenido un problema con su novia; otra persona indicó que intentó quemar prendas.

En 2004, un tribunal lo condenó por unanimidad a prisión perpetua. Dos años después, en febrero de 2006, el Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso de la defensa, dejó firme la condena por homicidio agravado y descartó un planteo de “emoción violenta”, al sostener que el acusado actuó con plena conciencia de sus actos.

La reciente libertad condicional, otorgada por la jueza Nora Graciela Villegas, quedó en el centro de la discusión pública tras el ataque en Santa Rosa. Hubo movilizaciones de vecinos y se impulsó un petitorio para que legisladores promuevan una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, en el marco de reclamos de juicio político.

Ponce permanece detenido con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Está imputado por “robo calificado por el uso de armas” y “homicidio criminis causa, en grado de tentativa”, en calidad de autor. En audiencia, según se informó, alegó problemas de convivencia dentro del penal y solicitó su traslado.

Con la causa en etapa inicial y la víctima en recuperación, el caso volvió a encender un debate sensible: los alcances de los beneficios penitenciarios para condenados por delitos graves y los mecanismos de control institucional cuando una decisión judicial deriva en un nuevo hecho de extrema violencia.