Redes sociales van a juicio por daños a menores y ponen en jaque a Meta y TikTok

Después de años de cuestionamientos públicos y audiencias legislativas, las grandes redes sociales empezaron a jugar su defensa en el terreno más incómodo: los tribunales. En Estados Unidos, compañías como Meta y TikTok afrontan una ola de demandas federales y estatales que buscan responsabilizarlas por presuntos daños a la salud mental de menores, con acusaciones que van desde la “adicción” por diseño hasta la exposición a contenidos peligrosos y el contacto con depredadores.

El cambio de escenario no es menor. Por primera vez, varios de estos planteos avanzaron a instancias con jurados, lo que obliga a las empresas a responder, con pruebas y testigos, a preguntas que antes quedaban en comunicados: qué saben sus equipos internos sobre los riesgos, cómo operan sus algoritmos y qué medidas toman —o no toman— para prevenir daños.

Uno de los focos está en Los Ángeles, donde se tramita un caso considerado “bellwether” (caso testigo) dentro de un universo de litigios similares. Allí, la demanda se centra en una joven identificada por sus iniciales “KGM”, que sostiene que el uso compulsivo de plataformas como Instagram y YouTube agravó problemas de salud mental. En ese marco, Mark Zuckerberg declaró ante el tribunal y defendió la política de Meta sobre edad mínima y mecanismos de control, en medio de un contrapunto por la eficacia real de esas barreras y el rol del diseño para retener usuarios.

En paralelo, otro juicio avanza en Nuevo México con un enfoque distinto, pero igual de sensible: la presunta falta de protección frente a explotación sexual en redes. La fiscalía del Estado sostiene que el sistema de recomendación y algunas funciones de mensajería facilitaron el accionar de actores malintencionados, y reclama una verificación de edad más robusta y cambios de fondo en herramientas y prácticas de seguridad.

El tercer frente que se aproxima tiene como protagonistas a distritos escolares, que plantean que el impacto no se limita a casos individuales: aseguran que el uso problemático en estudiantes deriva en costos concretos para escuelas y comunidades, desde crisis emocionales hasta dificultades de aprendizaje y convivencia. Ese paquete de demandas se ordenó en litigios coordinados a nivel federal y asoma como uno de los capítulos más relevantes del año judicial.

Detrás de todos estos procesos hay un nudo jurídico que puede redefinir el mapa: hasta dónde protegen a las plataformas la Primera Enmienda y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la norma que históricamente blindó a las tecnológicas frente a responsabilidades por contenidos publicados por terceros. Los demandantes buscan correr la discusión hacia el “producto” y su arquitectura —interfaces, notificaciones, scroll infinito, recomendaciones—, y no sólo hacia lo que suben los usuarios.

Las empresas, por su parte, rechazan que sus servicios sean “adictivos” en términos clínicos y cuestionan la relación causal directa entre redes sociales y cuadros de depresión o conductas autolesivas. En esa disputa, los jueces y jurados deberán evaluar evidencia científica, documentos internos y decisiones de diseño que hoy están en el centro del debate global sobre infancia, pantallas y bienestar.

Aunque los fallos pueden demorar años por apelaciones y negociaciones, el impacto ya se siente: los juicios obligan a exponer cómo se toman decisiones en compañías que manejan miles de millones de interacciones diarias. Y, si prosperan, podrían empujar cambios operativos profundos —más controles de edad, límites a recomendaciones, mayor moderación— con efectos directos sobre usuarios e ingresos publicitarios.