Las provincias endurecen sanciones por las amenazas escolares que se viralizan en redes

La ola de amenazas en escuelas dejó de ser un fenómeno aislado y encendió una alarma nacional. En distintos puntos del país, los gobiernos provinciales comenzaron a endurecer sus respuestas frente a mensajes intimidatorios, pintadas en baños, falsas alertas de tiroteos, presencia de municiones y retos virales vinculados a redes sociales.

En San Luis, el Gobierno provincial decidió quitarles las estampillas escolares a más de 30 estudiantes que violentaron la convivencia educativa. La medida se aplicó en paralelo a las investigaciones judiciales iniciadas por episodios registrados en establecimientos públicos y privados.

Desde el primer caso detectado, el Ministerio de Educación trabajó junto al Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. El objetivo fue activar protocolos, identificar responsables, contener a las comunidades afectadas y remarcar que este tipo de conductas no constituyen una broma, sino posibles delitos como amenazas o intimidación pública.

Una de las últimas intervenciones incluyó la identificación de una alumna de 18 años y el posterior allanamiento de su domicilio. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un arma de aire comprimido.

El gobernador Claudio Poggi también se refirió al tema durante una gira institucional por el norte provincial. Fue directo: “El hecho de pintar el patio o el baño de una escuela diciendo que va a haber un tiroteo tal o cual día, no es una broma, es un delito”.

La situación de San Luis forma parte de un cuadro más amplio. En varias provincias, las amenazas aparecieron casi en simultáneo y muchas fueron asociadas a desafíos virales en redes sociales. La preocupación creció porque estos mensajes ya no solo interrumpen clases: movilizan policías, generan miedo, activan investigaciones y afectan la convivencia escolar.

En Mendoza, uno de los distritos más golpeados, las amenazas impactaron en más de 200 escuelas y generaron cerca de 400 llamados al 911. El Gobierno de Alfredo Cornejo confirmó que la Justicia imputó a seis alumnos mayores de 16 años por amenazas de muerte e incitación al uso de armas de fuego, mientras que otros 19 estudiantes fueron identificados como contraventores.

Las sanciones pueden incluir la expulsión o la pérdida de la regularidad escolar. El ministro de Educación mendocino, Tadeo García Zalazar, advirtió que los estudiantes involucrados “arriesgan su permanencia en las aulas”. Además, TikTok eliminó más de 1.200 publicaciones de usuarios mendocinos con contenido violento.

En Córdoba, el Ministerio de Seguridad avanzó con un Protocolo de Recupero y Resarcimiento. La medida obliga a padres o adultos responsables de menores que realicen falsas amenazas a afrontar los costos económicos de los operativos desplegados por el Estado.

La resolución, firmada por el ministro Juan Pablo Quinteros, apunta a recuperar los gastos generados por la intervención de brigadas especiales, bomberos, áreas de investigación y móviles policiales. Una vez identificados los responsables, el Estado puede intimar a los adultos a cargo para que paguen esos costos.

Santa Fe adoptó una línea similar. El Gobierno provincial ya envió 39 notificaciones a padres o tutores de alumnos identificados para que afronten los gastos de operativos de seguridad, calculados en unos $200 millones. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, cada procedimiento puede costar entre $5 millones y más de $11 millones, según los recursos movilizados.

En esa provincia, el Ministerio Público de la Acusación identificó a 73 personas vinculadas a estos hechos en el centro-norte santafesino. Las acciones de recupero se tramitan por vía administrativa y avanzan en paralelo a las investigaciones penales.

En San Juan, la preocupación escaló tras el hallazgo de una bala en el baño de la EPET N°1 de Jáchal. El hecho ocurrió pese a que los alumnos ya asistían sin mochilas y con útiles en bolsas transparentes, una medida preventiva dispuesta por la Justicia. La situación derivó en un operativo policial y en el retiro de estudiantes por parte de sus familias.

Las autoridades sanjuaninas trabajan en protocolos más estrictos y evalúan reforzar las normas sobre el uso de celulares en las aulas. La secretaria de Educación, Mariela Lueje, fue tajante: “Esto no es un chiste”, y pidió mayor involucramiento de las familias.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño resolvió que los días de clases perdidos por amenazas deberán recuperarse. La medida busca desalentar falsas alertas utilizadas para interrumpir la actividad escolar. El protocolo contempla denuncia inmediata al 911, preservación de pruebas e intervención policial, con posibilidad de requisar pertenencias y secuestrar dispositivos cuando corresponda.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, también endureció el mensaje público: “No se trata de una broma pesada, es un delito”. Desde Educación porteña pidieron a las familias supervisar el uso de celulares, redes sociales y grupos digitales.

En La Pampa, las amenazas derivaron en allanamientos y secuestro de armas. Ya se registraron al menos 15 denuncias en localidades como General Pico, Realicó, Parera e Intendente Alvear. En algunos casos, los responsables fueron identificados mediante cámaras de seguridad y seguimiento docente.

Dos episodios encendieron las alarmas: en el Colegio Comercial de General Pico, un adolescente de 13 años fue detectado con una munición calibre 38; y en Rancul, un chico de 14 amenazó con matar a directivos y docentes. En este último caso, un allanamiento permitió secuestrar armas largas, cortas y visores térmicos en la vivienda del padre, quien fue imputado por tenencia ilegal.

Tucumán adoptó una postura de máxima dureza. Ante más de 80 denuncias, el Gobierno dictó un decreto que habilita la aprehensión de alumnos involucrados en amenazas y su traslado a institutos de menores, además de prever expulsiones inmediatas en casos graves.

La norma también establece responsabilidad penal y civil de los padres, e incluso posibles sanciones a escuelas que no garanticen el cuidado de los estudiantes. El gobernador Osvaldo Jaldo pidió actuar con “firmeza y severidad” y sostuvo que no hay margen para la flexibilidad ante este tipo de episodios.

Aun así, varias provincias combinan la respuesta punitiva con estrategias pedagógicas. En Tucumán, por ejemplo, Educación elaboró una guía con tres ejes: responsabilidad institucional, trabajo reflexivo con estudiantes y participación de las familias. La contención emocional y la justicia restaurativa aparecen como herramientas para evitar que todo el abordaje quede reducido a la sanción.

El fenómeno expone un desafío complejo. Las amenazas escolares se mueven entre la viralización digital, la búsqueda de impacto, la falta de conciencia sobre las consecuencias y, en algunos casos, situaciones de violencia más profundas. Por eso, las provincias coinciden en un punto: ya no pueden ser tratadas como simples travesuras.

El mensaje institucional que se repite en todo el país es cada vez más claro. Una amenaza en una escuela moviliza recursos, genera miedo, interrumpe clases, afecta a familias y puede derivar en causas penales, sanciones económicas y medidas educativas. Lo que algunos adolescentes presentan como una broma ya tiene, en los hechos, consecuencias reales.