Los choferes de Uber y DiDi deberán tener licencia profesional

Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros especiales para poder seguir prestando servicio en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida surge de un fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, que hizo lugar a un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis.

Los jueces entendieron que las plataformas digitales no funcionan únicamente como aplicaciones tecnológicas, sino que forman parte de un servicio de transporte de pasajeros. Por esa razón, consideraron que deben cumplir reglas similares a las que ya rigen para taxis y remises.

En la práctica, el fallo representa un cambio importante para miles de choferes que hasta ahora trabajaban con una licencia común.

Mientras no exista una ley específica para regular a las aplicaciones, los conductores deberán cumplir con requisitos como licencia profesional, seguros para transporte de pasajeros, cobertura para usuarios y responsabilidad civil.

La resolución también exige controles y habilitaciones equivalentes a los del resto del sector, además de la adecuación a futuras regulaciones que dicte la Ciudad.

Los magistrados cuestionaron que las plataformas hayan operado durante años en una zona de indefinición normativa, con menores costos y exigencias que los servicios tradicionales.

También apuntaron contra el Gobierno porteño por haber permitido una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de estas empresas, pese a considerarlas fuera del marco regulatorio vigente.

El fallo ordena además avanzar en procedimientos para el cobro de impuestos locales a las plataformas y realizar campañas de información para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos vinculados a seguros o licencias.

Otro punto relevante es que, mientras persista la diferencia regulatoria, la Ciudad no podrá cobrar a los taxistas ciertos aranceles administrativos relacionados con licencias y trámites de operación.

La decisión judicial reabre el debate sobre cómo deben regularse las aplicaciones de transporte y marca un nuevo capítulo en la disputa entre plataformas digitales, taxis, remises y el Gobierno porteño.