Justicia

Extendieron la preventiva a un acusado por violencia de género en San Luis

La jueza Agustina Dopazo Samper prorrogó por 60 días la prisión preventiva del imputado. La Fiscalía sostuvo que violó siete veces la restricción de acercamiento y que persisten los riesgos para la víctima y su familia.

La Justicia extendió por 60 días la prisión preventiva de un hombre imputado en una causa por violencia de género, al considerar que los riesgos procesales se mantienen e incluso se incrementaron en esta etapa del expediente.

La decisión fue tomada este miércoles por la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, durante una audiencia de prórroga de la medida cautelar. La causa se encuentra en una etapa avanzada, con el inicio de la instancia intermedia.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Género Nº 2, representada por la fiscal adjunta Mercedes García, expuso un contexto de violencia física, verbal, sexual y psicológica contra la víctima. También remarcó la gravedad de los hechos atribuidos y la necesidad de proteger a la denunciante, a su grupo familiar y a distintos testigos.

Uno de los puntos centrales del planteo fiscal fue que el imputado habría incumplido en siete oportunidades las medidas judiciales de restricción de acercamiento, dispuestas desde mayo de 2024 por la Justicia de Familia.

La Fiscalía también hizo referencia a testimonios relevantes, entre ellos los de los hijos de la denunciante, quienes habrían presenciado distintos episodios y declararon en cámara especial.

La defensa, a cargo del abogado Aníbal Constanzo, se opuso a la continuidad de la prisión preventiva y pidió que se otorgara prisión domiciliaria por el estado de salud del imputado. Además, propuso al padre del acusado como responsable de supervisar una eventual detención domiciliaria.

La jueza rechazó el planteo al entender que no existe un impedimento médico que imposibilite su alojamiento en el Servicio Penitenciario. Señaló que el imputado continúa recibiendo atención y controles, y que desde el juzgado pueden requerirse las prestaciones médicas necesarias.

Al fundamentar la resolución, Dopazo Samper valoró la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo, la multiplicidad de hechos imputados y el fracaso de medidas menos gravosas, evidenciado por los reiterados incumplimientos.

Entre los delitos investigados figuran desobediencias judiciales, lesiones agravadas por violencia de género, abuso sexual simple y violaciones de domicilio. Para la magistrada, el plazo de 60 días resulta razonable para avanzar hacia un eventual juicio abreviado o la audiencia de elevación a juicio.

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