Condenaron a una exjueza que ofrecía dinero en expedientes de adopción

La exjueza Alejandra Claudia Velázquez fue condenada a tres años de prisión condicional tras confesar que ofreció dinero en expedientes vinculados a procesos de adopción.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, en el que la exmagistrada admitió su responsabilidad por el delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública. Pese a la pena impuesta, no irá a la cárcel por el beneficio de la condicional.

Velázquez estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar y fue acusada de ofrecer dinero a funcionarias públicas para influir indebidamente en actuaciones relacionadas con adopciones.

Según surge del fallo, la exjueza buscaba que empleadas localizaran mujeres embarazadas o niños en situación de adoptabilidad, con el objetivo de favorecer a matrimonios de alto poder adquisitivo de countries de la zona.

Aunque las funcionarias rechazaron los ofrecimientos, la Justicia consideró que el delito se configuró con la sola propuesta de dinero.

El caso comenzó a investigarse a partir de irregularidades detectadas en el funcionamiento del juzgado y de reiteradas ausencias de la magistrada. Luego, testimonios de empleados revelaron presuntas maniobras vinculadas a adopciones irregulares.

Una de las empleadas declaró que la exmagistrada hablaba de “conseguir panzas” y agilizar trámites, una frase que quedó incorporada como uno de los elementos más sensibles del expediente.

Velázquez fue destituida en 2017 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, tras conocerse las acusaciones en su contra.

Después de su apartamiento, se ordenó su captura internacional. En julio de 2024, Interpol informó que se encontraba en España y, el 21 de agosto de 2025, fue extraditada a la Argentina.

Desde su regreso al país permanecía detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda de Tigre.

Finalmente, el Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y la condenó a tres años de prisión condicional. Además, le impuso seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fallo cerró una etapa judicial de alto impacto institucional, marcada por acusaciones que involucraron el uso de una función pública sensible para intervenir de manera irregular en procesos de adopción.