La Justicia prorrogó otros seis meses la megacausa de las estafas inmobiliarias

La Justicia de San Luis resolvió prorrogar por otros seis meses la investigación de la denominada “Mafia de las Escrituras”, una causa que analiza presuntas maniobras fraudulentas con inmuebles y que tiene a una quincena de personas imputadas.

La decisión fue adoptada este jueves durante una audiencia en la que el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat, pidió ampliar nuevamente el plazo de la investigación penal preparatoria.

La jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, hizo lugar al planteo y autorizó una tercera prórroga para que el Ministerio Público Fiscal pueda completar distintas medidas de prueba todavía pendientes.

Entre ellas aparece una pericia documentológica integral considerada central para el expediente, además de la declaración de alrededor de 20 testigos.

La causa fue declarada compleja debido a la cantidad de imputados, el volumen de documentación incorporada y la multiplicidad de expedientes, informes y pericias que deben ser analizados antes de definir si corresponde avanzar hacia el juicio.

La primera extensión había sido concedida en noviembre de 2025 y la segunda, también por seis meses, en mayo de este año. Ahora, la Fiscalía contará con un nuevo plazo para intentar completar la etapa preparatoria.

Durante la misma audiencia se resolvió además mantener las medidas de coerción que pesan sobre los acusados.

Seguirán vigentes la prohibición de salir de la provincia, la inhibición general de bienes y la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía.

La inhibición patrimonial había sido sostenida anteriormente por la jueza Banó bajo el argumento de que resulta necesaria frente a la naturaleza económica de los hechos investigados y para resguardar eventuales responsabilidades civiles.

La Fiscalía apunta a que, una vez reunidas las pruebas restantes, pueda cerrarse la investigación y avanzarse hacia el control de la acusación y una eventual elevación a juicio.

Cómo comenzó la causa

La investigación se inició a partir de denuncias formuladas por los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone, quienes señalaron presuntas maniobras destinadas a obtener irregularmente la titularidad de terrenos, viviendas y campos ubicados en distintos puntos de San Luis.

La hipótesis fiscal sostiene que los imputados habrían participado en una organización dedicada a apropiarse de inmuebles mediante la utilización de documentación presuntamente falsa, procesos sucesorios y cesiones de derechos cuestionadas, además de juicios de escrituración.

Uno de los principales acusados es el abogado Juan Cruz Domínguez, a quien la Fiscalía señaló desde el inicio como presunto autor intelectual de parte de las maniobras investigadas.

Entre los mecanismos bajo investigación aparece también la utilización de domicilios que no corresponderían a los verdaderos propietarios, una maniobra que habría impedido que algunas víctimas fueran notificadas correctamente de los procesos judiciales.

La acusación sostiene que esa operatoria habría permitido avanzar con declaraciones de rebeldía y obtener resoluciones favorables para transferir propiedades sin conocimiento de sus titulares.

La investigación alcanza al menos 20 operaciones inmobiliarias distribuidas en distintas localidades de la provincia y el perjuicio patrimonial fue estimado inicialmente en varios millones de dólares.

Entre los imputados figuran Juan Cruz Domínguez, Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, María de los Ángeles Toscano, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar, Walter Luis Alejandro Terceros, José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzocca Fernández, Ruth Sonia Agüero, Carlos David Genta y Salvador Presti.

Con la nueva prórroga, la causa seguirá al menos otros seis meses en etapa de investigación. El objetivo del Ministerio Público Fiscal será completar las pruebas pendientes y determinar si existen elementos suficientes para llevar a los acusados a juicio.