Fraude al Pueblo Ranquel: imputaron a la esposa de Sergio Freixes y estiman un desfalco de US$1 millón

La investigación por el presunto manejo irregular de fondos del Pueblo Ranquel sumó una nueva imputada. La Justicia formuló cargos contra Viviana Moreyra, esposa del exministro de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes, por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en concurso ideal.

La acusación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal, que sostiene que Moreyra tuvo un rol dentro de la estructura que habría utilizado a El Relincho SRL, empresa vinculada a la familia Freixes, para justificar gastos y desviar fondos del Estado y de la comunidad originaria en beneficio particular.

Por razones de salud, Moreyra no asistió presencialmente a los tribunales de Villa Mercedes y participó de la audiencia de manera virtual. La jueza de Garantía N° 3, Natalia Pereyra Cardini, finalmente dio por formulados los cargos provisorios solicitados por la Fiscalía.

Una causa que ya tiene cuatro imputados

Moreyra quedó incorporada a la misma investigación en la que ya están imputados Sergio Freixes, Sofía Aguilera, Arturo García Montani y Diego Lucero, actual intendente de Fortuna y socio de El Relincho SRL.

Según la investigación, Freixes estuvo al frente de la administración del Pueblo Ranquel entre 2020 y 2023 mediante un poder especial otorgado durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. La Fiscalía de Estado había denunciado presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

El Pueblo Ranquel ocupa un inmueble de unas 20.000 hectáreas y desarrolla principalmente actividades agropecuarias y ganaderas. De acuerdo con la acusación, la administración manejaba dos cuentas: una productiva y otra correspondiente a fondos de coparticipación.

La Fiscalía estima que, actualizado a valores actuales, el presunto perjuicio económico podría alcanzar US$1 millón.

Facturas duplicadas y gastos bajo la lupa

Durante la audiencia, la fiscal Nayla Cabrera Muñoz detalló distintas operaciones detectadas en las cuentas de la comunidad.

Entre ellas, se mencionaron pagos duplicados de facturas durante 2021 por unos $2,56 millones, vinculados a administración, alquiler y mantenimiento de vehículos, compra de postes y servicios de siembra contratados a El Relincho SRL.

La Fiscalía también detectó una factura de $70.000 que, según expuso, habría sido abonada tres veces, además de transferencias por unos $3,05 millones.

Para 2022 se identificaron pagos por aproximadamente $8,85 millones sin contratación o documentación respaldatoria, mientras que durante 2023 aparecieron gastos de mantenimiento y combustible por unos $14,3 millones correspondientes a un vehículo perteneciente a El Relincho.

A eso se sumaron otros pagos que la Fiscalía considera irregulares, entre ellos operaciones duplicadas y gastos sin documentación por aproximadamente $13,14 millones y $5,6 millones, además de unos $14,69 millones correspondientes a mantenimiento y combustible del mismo vehículo desde la cuenta de coparticipación.

Para los fiscales, estas operaciones no respondían a la actividad normal del organismo y habrían tenido como objetivo generar un beneficio económico para los integrantes de la estructura investigada.

Qué dijo la defensa y qué resolvió la Justicia

La defensa de Moreyra rechazó la acusación y cuestionó que la Fiscalía no hubiera explicado de qué manera concreta habría participado en la organización. También sostuvo que la mujer no estaba autorizada para administrar las cuentas estatales.

La Fiscalía, en cambio, sostuvo que su condición de administradora de El Relincho SRL le otorgaba un papel dentro de las operaciones cuestionadas y que la sociedad habría sido utilizada para respaldar gastos realizados con fondos estatales.

La jueza Pereyra Cardini aceptó la formulación provisoria de cargos. Como única medida de coerción, dispuso que Moreyra no pueda salir del país sin autorización judicial.

La investigación continuará ahora para determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los imputados y establecer el alcance definitivo del presunto perjuicio económico.