San Luis habilitó el uso de tobilleras electrónicas para detenidos con arresto domiciliario

San Luis puso en vigencia el Programa de Monitoreo y Vigilancia Electrónica para los procesos penales de la Justicia provincial, a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad y el Superior Tribunal de Justicia.

El acuerdo fue suscripto por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston, y permitirá utilizar dispositivos electrónicos con sistema GPS para supervisar a personas procesadas o condenadas que accedan al arresto domiciliario u otras modalidades alternativas de cumplimiento de la pena.

El convenio tendrá una vigencia de un año desde su firma, con posibilidad de renovación automática. La medida permite que San Luis vuelva a formar parte del sistema nacional de vigilancia electrónica, luego de haber dejado de utilizarlo en julio de 2023.

Cómo funcionará el sistema

Como parte del acuerdo celebrado con el Gobierno nacional en febrero de este año, la provincia recibió tobilleras con tecnología GPS destinadas al monitoreo y rastreo de personas que deban cumplir arresto domiciliario u otras modalidades de detención o ejecución de la pena dentro del territorio provincial.

La colocación de los dispositivos no será automática. El procedimiento comienza con un requerimiento judicial, a partir del cual se elaboran un Informe Técnico de Viabilidad y un Informe de Condiciones Sociales y Ambientales.

Ambos informes son elevados a la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de evaluar cada situación y decidir si corresponde la utilización del dispositivo. La colocación y el monitoreo quedan, por lo tanto, sujetos a la decisión judicial.

El área técnica provincial tendrá a su cargo controlar el funcionamiento de las tobilleras e informar a la Justicia ante cualquier alteración o situación que pueda afectar las condiciones establecidas.

Una herramienta para las medidas alternativas

El sistema podrá aplicarse durante la investigación de causas penales o durante la etapa de ejecución de una pena, tanto para personas adultas como para adolescentes, siempre de acuerdo con la normativa vigente y previa evaluación de las condiciones técnicas.

En el ámbito provincial, el Código Procesal Penal contempla distintas medidas de coerción, entre ellas la vigilancia, determinadas restricciones y la detención domiciliaria con o sin vigilancia. El monitoreo electrónico funcionará como una herramienta tecnológica para supervisar el cumplimiento de esas medidas cuando resulte legal y técnicamente procedente.

La normativa penal juvenil también contempla el monitoreo electrónico como una alternativa o complemento de otras medidas. En esos casos, su utilización no reemplaza las tareas de seguimiento, asistencia y protección que corresponden a los organismos especializados.

Sin costo para la Provincia

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es que el sistema no genera gastos para el Estado provincial. Los dispositivos y el servicio son financiados por el Estado nacional, mientras que San Luis tiene a su cargo la capacitación del personal y la supervisión técnica.

La ministra Nancy Sosa destacó que la incorporación de esta herramienta amplía las posibilidades disponibles para la Justicia y señaló que desde su cartera se trabajó en el protocolo técnico necesario para implementar el sistema.

De esta manera, el convenio entre Seguridad y el Superior Tribunal de Justicia formaliza en San Luis el uso de tecnología de monitoreo para acompañar las decisiones judiciales y controlar el cumplimiento de medidas alternativas a la privación de la libertad.