Denunció a sus socios de Megaforce y reclama que le devuelvan $40 millones

Un conflicto societario por $40 millones terminó en la Justicia de San Luis. Carina Vanesa Lucero denunció penalmente a Darío Micarelli y Rocío Nieto, a quienes señala como sus socios en la apertura de la segunda sede del gimnasio Megaforce, ubicada en San Martín 462.

La mujer sostiene que aportó ese monto para incorporarse al emprendimiento y que, poco después de la inauguración, comenzó a ser apartada de las decisiones, perdió acceso a las redes sociales y dejó de recibir información sobre ingresos, balances y movimientos económicos del local.

Su objetivo, según explicó, es recuperar el dinero invertido. “Espero que la Justicia resuelva para que se me haga la devolución del dinero que yo aporté”, expresó.

El vínculo comercial había quedado públicamente expuesto meses antes. Cuando la nueva sede abrió a comienzos de junio, una publicación sobre la inauguración presentó a Micarelli y Lucero como responsables del proyecto y recogió declaraciones de ambos sobre la expansión del gimnasio.

Una inversión de $40 millones

De acuerdo con el relato de Lucero, conoció a Micarelli mientras entrenaba en la sede de Junín 756. Allí, según aseguró, surgió la posibilidad de invertir en la apertura de un segundo establecimiento.

La mujer manifestó que reunió $40 millones entre ahorros personales y ayuda de familiares y que posteriormente firmó en una escribanía un acuerdo con Rocío Nieto.

Siempre según su versión, el convenio le otorgaba una participación del 50% en ganancias, pérdidas y decisiones vinculadas con el negocio.

La sede de calle San Martín comenzó a funcionar a principios de junio. Lucero afirma que apenas unos días después empezó el conflicto.

Según relató, Micarelli le pidió que dejara de concurrir al establecimiento porque supuestamente habían llegado comentarios sobre ella y consideraba que su presencia no favorecía la imagen del gimnasio. La mujer sostuvo que, pese a ese planteo, inicialmente le habían asegurado que continuaría recibiendo la parte de las ganancias que le correspondía.

Lucero denunció además haber sufrido amenazas durante el conflicto. Afirmó que realizó una presentación judicial por ese episodio y que posteriormente se dispuso una restricción de acercamiento durante tres meses.

Las sospechas sobre la recaudación

Otro de los puntos que la denunciante pidió investigar es el circuito utilizado para cobrar a los clientes.

Lucero sostiene que detectó transferencias correspondientes a personas que concurrían a la sede de San Martín realizadas hacia un alias que, según su versión, estaba vinculado con el gimnasio de calle Junín.

A partir de esos movimientos aseguró haber comenzado a sospechar de la existencia de una “caja paralela”, hipótesis que incorporó a su presentación ante la Justicia. Esa acusación forma parte de su denuncia y hasta el momento no existe una resolución judicial pública que la tenga por comprobada.

También afirmó que no podía acceder a balances ni rendiciones que le permitieran conocer con precisión la situación económica de la sucursal.

La mujer señaló, además, que desde la otra parte la acusaron por la supuesta desaparición de $8 millones, una imputación que ella rechaza.

La respuesta de Megaforce

Frente a la exposición pública del conflicto, Megaforce publicó un comunicado en sus redes sociales.

“Ante los hechos de público conocimiento, desde Megaforce queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y comunidad”, señaló la firma.

En el mismo mensaje informó que Vanesa Lucero fue desvinculada de la sociedad y sostuvo que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia. La empresa anticipó que no responderá públicamente a las acusaciones mientras avance el proceso judicial.

El caso enfrenta así dos versiones sobre cómo terminó una relación comercial que, apenas cuatro meses atrás, era presentada públicamente como parte de la expansión del gimnasio en la capital puntana.

Será ahora la investigación judicial la que deberá determinar qué alcance tenía el acuerdo entre las partes, cómo se administraron los fondos aportados y la recaudación del establecimiento y si existieron o no las irregularidades denunciadas. Hasta entonces, las acusaciones formuladas por Lucero permanecen bajo investigación y no implican una determinación de responsabilidad penal de las personas denunciadas.