CAUSA AMIA
El Gobierno analiza llevar a Irán ante la Justicia internacional por el atentado a la AMIA
El Gobierno nacional analiza recurrir a la Justicia internacional para impulsar una nueva vía judicial contra Irán por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y que provocó la muerte de 85 personas.
La posibilidad fue confirmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, después de mantener una reunión con autoridades de la mutual judía. El funcionario informó que evaluaron alternativas para presentar una demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas, sus familias y los sobrevivientes.
Aunque inicialmente trascendió la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional (CPI), otras versiones periodísticas indican que el Ejecutivo también analiza recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya. La elección del organismo resulta determinante porque ambos tribunales tienen competencias diferentes.
Dos tribunales distintos y un desafío jurídico
La Corte Penal Internacional juzga a personas acusadas de crímenes internacionales graves, mientras que la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias jurídicas entre Estados. Por eso, una eventual presentación contra Irán requeriría definir tanto el objetivo de la demanda como la jurisdicción competente.
La posibilidad de acudir a la CPI enfrenta un obstáculo temporal: el tribunal tiene competencia sobre crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, mientras que el atentado a la AMIA ocurrió en 1994. La calificación del ataque como crimen de lesa humanidad en la Justicia argentina no modifica por sí sola ese límite temporal.
Si el Gobierno optara por la CIJ, debería resolver otro problema: demostrar que existe una base jurídica que habilite al tribunal a intervenir en una controversia con Irán. La jurisdicción de esa corte depende de las condiciones previstas en los tratados aplicables o de otras formas válidas de aceptación de su competencia.
La causa avanza con acusados que serán juzgados en ausencia
La iniciativa internacional se analiza mientras la causa penal continúa en los tribunales argentinos. En septiembre, el juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y a un ciudadano libanés por su presunta participación en el atentado, en el marco de un proceso que contempla la posibilidad de un juicio en ausencia.
Entre los acusados figuran exfuncionarios iraníes y personas señaladas por la investigación como vinculadas con la planificación y ejecución del ataque. Las imputaciones forman parte de una causa que lleva más de tres décadas sin llegar a una sentencia penal definitiva contra los responsables materiales e intelectuales.
En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal atribuyó a Irán la dirección del atentado y a Hezbollah su ejecución, y calificó el hecho como crimen de lesa humanidad. Irán ha rechazado las acusaciones.
El reclamo por las 85 víctimas
El atentado contra la AMIA fue uno de los ataques terroristas más graves de la historia argentina. La investigación estuvo atravesada durante décadas por demoras, irregularidades y cuestionamientos al accionar de las autoridades.
En enero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó internacionalmente a la Argentina por fallas en la prevención del atentado y en la investigación posterior, incluido el encubrimiento, y señaló incumplimientos en el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad. Ese fallo no fue una sentencia contra Irán, sino una decisión sobre la responsabilidad del Estado argentino. îciteîturn907157search1î
Por ahora, el Gobierno estudia las vías disponibles y no se ha confirmado públicamente cuál será el tribunal elegido ni cuándo se presentaría una eventual demanda. La definición deberá considerar los límites de jurisdicción de los organismos internacionales y la estrategia judicial que la Argentina busca impulsar.