La Justicia multó con $100 mil diarios al Gobierno por incumplir el financiamiento universitario

La Justicia federal volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y ordenó aplicar una multa de $100.000 por cada día de incumplimiento al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de constatar que el Gobierno nacional no ejecutó una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue adoptada este miércoles 14 de octubre por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, titular del Juzgado N° 11, a partir de un reclamo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La resolución establece una sanción económica diaria hasta que se cumpla la orden judicial, que exige recomponer los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y actualizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.

El magistrado advirtió que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa el incumplimiento.

Por qué la Justicia decidió aplicar la multa

El conflicto se originó por la falta de implementación de disposiciones centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial.

En diciembre de 2025, la Justicia había dictado una medida cautelar que ordenaba al Poder Ejecutivo avanzar con la recomposición salarial y la actualización de las becas.

Esa resolución fue confirmada en segunda instancia y quedó firme en junio de 2026, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por el Estado nacional.

Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional denunció que los pagos y las actualizaciones exigidas todavía no se habían concretado en los términos ordenados judicialmente.

Ante esa situación, Cormick intimó al Gobierno a cumplir la medida en un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre. Posteriormente concedió una prórroga por otro período similar, pero el organismo universitario volvió a denunciar la falta de cumplimiento.

El juez había advertido el 30 de septiembre que aplicaría sanciones económicas si persistía la situación. Este miércoles hizo efectivo ese apercibimiento.

La multa fue dirigida al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cargo que actualmente ocupa Diego Santilli.

Se trata de una sanción denominada astreinte, una herramienta judicial que busca obligar al cumplimiento de una resolución mediante multas económicas por cada día de demora.

El magistrado aclaró que los $100.000 diarios corresponden a una primera etapa y que podrá aumentar la cifra o extender las sanciones a otros funcionarios si la situación continúa.

La medida no constituye una condena penal, sino un mecanismo de presión económica para garantizar el cumplimiento de una orden judicial vigente.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La controversia se concentra principalmente en dos aspectos de la legislación: la recomposición de los salarios universitarios y la actualización de las becas.

La norma dispone que las remuneraciones de docentes y no docentes deben recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025.

Según los cálculos incorporados al expediente judicial, esa recomposición representaría un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

Además, la ley establece actualizaciones mensuales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En cuanto a los estudiantes, contempla la recomposición y actualización de los fondos destinados a programas de becas.

El Gobierno sostuvo durante el proceso que había otorgado aumentos salariales y avanzado en negociaciones con los gremios. No obstante, la Justicia consideró que la documentación presentada no acreditaba el cumplimiento integral de las obligaciones establecidas.

El Gobierno apeló el fallo que ordena aplicar la ley

La disputa judicial también involucra el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara los recursos presupuestarios necesarios.

El juez Cormick declaró inconstitucional esa disposición y ordenó avanzar con la aplicación de la legislación.

La administración nacional apeló esa decisión, por lo que el expediente principal deberá ser revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Sin embargo, la apelación no suspende la medida cautelar sobre salarios y becas, que continúa vigente y cuyo incumplimiento motivó la sanción de este miércoles.

Un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno y las universidades

La resolución judicial se produce en medio de los reclamos de las universidades nacionales por los recursos destinados a su funcionamiento y la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores.

El Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a las autoridades de las instituciones universitarias públicas del país, viene reclamando la aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

La controversia alcanza al conjunto del sistema universitario nacional, incluidas las instituciones públicas de San Luis, que forman parte del esquema de financiamiento establecido por la legislación.

Con la multa diaria ya dispuesta, el Gobierno enfrenta una nueva exigencia judicial para ejecutar las actualizaciones salariales y de becas pendientes, mientras continúa la discusión de fondo sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.