Nueva Zelanda presentó un proyecto para prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Nueva Zelanda dio un paso hacia una de las regulaciones digitales más estrictas del mundo. El Gobierno presentó ante el Parlamento un proyecto para impedir que los menores de 16 años tengan acceso a determinadas redes sociales y trasladar a las grandes compañías tecnológicas la responsabilidad de comprobar la edad de sus usuarios.

La iniciativa, denominada Online Safety Bill, fue impulsada por el primer ministro Christopher Luxon y la ministra de Educación, Erica Stanford. El texto apunta especialmente a plataformas consideradas de alto riesgo para niños y adolescentes, entre ellas Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook.

“Simplemente no podemos aceptar el daño que se está causando a una generación de niños de Nueva Zelanda”, afirmó Luxon al presentar la propuesta. Según los datos difundidos por su Gobierno, uno de cada tres jóvenes de entre 13 y 17 años pasa al menos cinco horas diarias en redes sociales.

El mandatario vinculó ese nivel de exposición con contenidos nocivos, diseños digitales que buscan prolongar el tiempo de permanencia y diferentes presiones que, sostuvo, repercuten sobre la vida familiar, el sueño y la educación de los menores.

Cómo funcionaría la prohibición

El proyecto no contempla sanciones para los menores ni para sus padres. La obligación recaería directamente sobre las empresas tecnológicas, que deberán adoptar medidas razonables para comprobar que quienes utilizan determinadas plataformas tienen al menos 16 años.

Entre las alternativas previstas aparecen el análisis de información ya disponible en las cuentas, sistemas de estimación facial de edad, servicios de identidad digital y documentos formales de identificación.

Las compañías que incumplan las exigencias podrían recibir sanciones de hasta el 10% de sus ingresos globales, una cifra que convertiría al sistema neozelandés en uno de los más severos para las grandes plataformas.

El proyecto también establece que las empresas utilizadas por menores deberán evaluar periódicamente los riesgos de sus servicios e informar qué medidas adoptan para reducirlos.

Además, prevé la creación de un regulador independiente dentro del Departamento de Asuntos Internos, con facultades para fiscalizar a las plataformas, investigar incumplimientos y aplicar la legislación. El marco alcanzaría también a determinadas tecnologías emergentes, incluidos los llamados acompañantes de inteligencia artificial.

No todos los servicios digitales quedarían comprendidos. Aplicaciones principalmente destinadas a mensajería, llamadas, videojuegos, música o redes profesionales quedarían fuera del esquema propuesto.

Una batalla política dentro del propio Gobierno

La iniciativa abrió inmediatamente una disputa dentro de la coalición gobernante.

Los partidos ACT y New Zealand First, socios del Partido Nacional de Luxon, anunciaron que no acompañarán el proyecto. El líder de New Zealand First y canciller, Winston Peters, cuestionó la capacidad real de aplicar la restricción, mientras que David Seymour, referente de ACT, sostuvo que la propuesta no solucionará adecuadamente el problema.

Peters llegó a señalar que mecanismos de este tipo pueden terminar obligando a avanzar hacia sistemas más invasivos de identificación digital o restricciones sobre herramientas utilizadas para eludir bloqueos.

Pero el escenario político cambió horas después. El principal partido opositor, Labour, anunció que apoyará el proyecto en su primera votación parlamentaria, aunque reclamó modificaciones durante el debate en comisión. Su líder, Chris Hipkins, sostuvo que la iniciativa necesita mejoras pero consideró que el Parlamento debería comenzar a discutirla.

Pese a ese respaldo inesperado, el Gobierno aseguró que no existe tiempo parlamentario suficiente para realizar siquiera la primera votación antes de las elecciones previstas para noviembre. La intención oficial es retomar el proyecto después de los comicios.

Por eso, la prohibición todavía está lejos de entrar en vigencia: Nueva Zelanda no prohibió las redes sociales a los menores de 16 años, sino que inició el camino legislativo para hacerlo.

El antecedente de Australia

El proyecto sigue una tendencia internacional que ganó fuerza después de que Australia se convirtiera en el primer país en establecer una prohibición nacional de redes sociales para menores de 16 años. Otros gobiernos también comenzaron a estudiar o implementar restricciones sobre el acceso de niños y adolescentes a determinadas plataformas.

Luxon reconoció que ninguna legislación podrá impedir que todos los menores encuentren formas de acceder, pero sostuvo que el objetivo es modificar hábitos y establecer nuevas responsabilidades para las compañías tecnológicas.

La discusión recién comienza. El desafío será determinar si la protección de los menores puede compatibilizarse con la privacidad, la viabilidad de los sistemas de verificación de edad y el riesgo de que los adolescentes encuentren mecanismos para eludir los controles.

Nueva Zelanda abrió así un debate que atraviesa cada vez a más países: hasta dónde debe intervenir el Estado para limitar el acceso de los chicos a las redes sociales y cuánto de esa responsabilidad corresponde a las familias y a las propias plataformas.