CAUSA AMIA
La Justicia procesó a ocho iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA
La Justicia argentina procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertes, más de 150 heridos y graves daños materiales.
La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien sostuvo en una resolución de más de 600 páginas que el ataque fue decidido por las máximas autoridades del régimen iraní y ejecutado por Hezbollah.
El magistrado calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio, y dispuso embargos por 500 millones de dólares para cada uno de los procesados.
Quiénes fueron procesados
Entre los acusados se encuentran cuatro exfuncionarios de alto rango del gobierno iraní, señalados como autores mediatos del atentado:
- Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia.
- Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores.
- Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria.
- Ahmad Vahidi, exresponsable de la Fuerza Al Quds.
También fueron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada iraní; y Ahmad Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
Los tres fueron considerados, según la resolución, partícipes necesarios por su presunta contribución al plan criminal desde el ámbito diplomático y la estructura local iraní.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, un agente libanés vinculado a Hezbollah a quien Rafecas atribuyó la coordinación de la etapa final del ataque.
La reconstrucción del atentado
De acuerdo con la investigación, la decisión de cometer el atentado fue tomada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbollah.
La organización habría articulado una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera, integrada por Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú.
El fallo sostiene que los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron con aproximadamente 300 kilos de explosivos y la dejaron preparada en un estacionamiento cercano a la sede de la AMIA.
Tres días después, el vehículo fue utilizado para ejecutar el ataque contra la mutual judía.
Un avance mediante el juicio en ausencia
Los procesamientos fueron dictados bajo el régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784, que permite avanzar en las causas penales cuando los acusados permanecen prófugos en el extranjero, siempre que se garanticen sus derechos de defensa y el debido proceso.
La medida representa un paso relevante en una investigación que durante décadas estuvo marcada por demoras, obstáculos procesales y la falta de comparecencia de los principales acusados.
La resolución podrá ser apelada por la defensa oficial. Si los procesamientos son confirmados por las instancias superiores, el expediente podrá avanzar hacia la elevación a juicio oral.
También hubo falta de mérito
Rafecas dispuso la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, mientras que no trató la situación procesal de personas vinculadas con el atentado que fallecieron.
Además, el juez ordenó dar intervención a la Corte Suprema ante la posible conexión entre esta investigación y la causa por el atentado contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992.
El avance judicial vuelve a colocar en el centro de la agenda la investigación del atentado a la AMIA, uno de los ataques terroristas más graves de la historia argentina, cuya responsabilidad continúa siendo objeto de un proceso judicial sin condenas firmes contra sus principales responsables.
