La Cámara Federal de Casación rechazó la prisión domiciliaria de Sergio Freixes

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó, por mayoría, el recurso presentado por la defensa del exministro de la Legalidad de San Luis, Sergio Gustavo Freixes, para que pudiera cumplir bajo prisión domiciliaria la condena de seis años que recibió en la causa conocida como la “renuncia anticipada de jueces”.

La resolución, firmada el 15 de septiembre, confirmó el rechazo dispuesto previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis.

Freixes fue condenado por hechos vinculados con el mecanismo de renuncias anticipadas de magistrados durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. En marzo de este año, su defensa había solicitado que pudiera cumplir la pena en su domicilio por razones humanitarias, principalmente para asistir a su esposa, Viviana Beatriz Moreyra, quien presenta distintos problemas de salud.

Los argumentos de la defensa

La defensa sostuvo que trasladar las tareas de cuidado de Moreyra a los hijos del matrimonio implicaría imponerles responsabilidades que no estarían en condiciones de asumir.

También cuestionó que se considerara a Diamela Freixes, hija del exministro e intendenta de Nueva Galia, como una persona capaz de asumir parte de esas tareas debido a las obligaciones propias de su función pública.

El planteo fue presentado luego de que el Tribunal Oral Federal de San Luis rechazara el pedido al considerar que no se encontraban acreditadas las circunstancias excepcionales requeridas para conceder la prisión domiciliaria.

Por qué la mayoría rechazó el pedido

El juez Gustavo Hornos, cuyo voto encabezó la decisión mayoritaria, sostuvo que la prisión domiciliaria no se concede de manera automática y que cada situación debe analizarse según sus circunstancias particulares.

En ese sentido, consideró que la defensa no logró cuestionar de manera suficiente los fundamentos utilizados por el tribunal de primera instancia.

La resolución destacó que Moreyra cuenta con dos hijos que viven en Nueva Galia y que su hija Diamela asume de manera predominante las tareas de asistencia cotidiana, entre ellas la preparación de alimentos, la higiene, el acompañamiento, la compra de medicamentos y la gestión de controles médicos.

El fallo también señaló que su hijo Francis Emanuel colabora ocasionalmente y que la mujer posee cobertura médica de DOSEP, ingresos propios y una red de apoyo familiar.

A partir de esos elementos, la mayoría concluyó que no se había demostrado que Sergio Freixes fuera la única persona capaz de brindarle la asistencia necesaria.

El voto en disidencia

El juez Mariano Hernán Borinsky votó en sentido contrario. Consideró que el tribunal que había rechazado la prisión domiciliaria realizó una valoración parcial de la situación de salud de Moreyra.

En su voto, mencionó informes médicos que describen un cuadro de artritis reumatoidea severa, epilepsia, limitaciones funcionales y otras patologías que requerirían asistencia de terceros para distintas actividades cotidianas.

También hizo referencia a un informe que determinó un grado de incapacidad igual o superior al 76% y una situación de dependencia funcional severa.

Borinsky además puso de relieve que Moreyra reside en una zona rural de Nueva Galia y que la vivienda familiar había sufrido un incendio. Según lo planteado por la defensa, el inmueble no habría sido reparado completamente y actualmente contaría solo con una habitación y un baño.

Por esos motivos, el magistrado propuso hacer lugar al recurso, anular la resolución anterior y ordenar que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Freixes continuará cumpliendo la condena en prisión

Finalmente, los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos votaron por rechazar el recurso, mientras que Borinsky lo hizo en disidencia.

De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo al pedido de prisión domiciliaria y Sergio Freixes continuará cumpliendo la condena de seis años de prisión bajo la modalidad actualmente establecida.

La decisión representa una nueva instancia dentro de la causa vinculada con las renuncias anticipadas de magistrados ocurridas durante la anterior administración provincial.