martes 27 de octubre de 2026

Justicia

La acusada de vender terrenos en Villa Mercedes seguirá presa hasta el juicio

Mayte Reyna del Portugal Escudero está acusada de 27 estafas por la comercialización irregular de lotes en la zona de Familia Unida. La Justicia extendió su prisión preventiva hasta que termine el debate oral, previsto para abril. La Fiscalía pidió 20 años de cárcel.
Resolvieron que la acusada de vender terrenos municipales deberá esperar el juicio en la cárcel
Resolvieron que la acusada de vender terrenos municipales deberá esperar el juicio en la cárcel

La Justicia resolvió que Mayte Reyna del Portugal Escudero continuará detenida hasta la finalización del juicio oral en la causa que investiga la presunta venta irregular de terrenos a familias de Villa Mercedes.

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías N°3, Natalia Pereyra Cardini, quien hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Leandro Estrada al considerar que todavía permanecen vigentes los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva.

Escudero está acusada de 27 hechos de estafa en concurso real. Según la hipótesis fiscal, habría firmado convenios de cesión de derechos posesorios sobre lotes que no le pertenecían y respecto de los cuales no podía acreditar posesión.

La causa ya fue elevada a juicio y la Fiscalía adelantó que solicitará para ella una pena de 20 años de prisión. Esa pretensión corresponde a la acusación y será discutida durante el debate; no implica una condena anticipada.

El juicio será en abril

El debate oral está previsto para desarrollarse durante abril de 2027.

De acuerdo con el cronograma informado hasta ahora, comenzaría el 6 de abril y se extendería hasta el 30 de ese mes, siempre que no aparezcan modificaciones procesales.

Escudero será juzgada junto con Luciano Pizarro Quilaman, otro de los imputados en el expediente.

Para Pizarro Quilaman, la Fiscalía solicitó una pena de siete años de prisión efectiva por cinco hechos de defraudación simple en concurso real. La acusación sostiene que habría recibido transferencias vinculadas con algunas de las operaciones investigadas.

Por el momento, Escudero es la única de los acusados que permanece privada de su libertad.

La defensa planteó problemas de salud

Durante la audiencia, la mujer participó mediante videoconferencia desde el establecimiento penitenciario y pidió hablar ante la jueza.

Expuso dificultades relacionadas con su estado de salud y sostuvo que el encierro estaba agravando su situación.

Sus abogados, Carlos Díaz y Damián Bueno, plantearon que existían vulneraciones de derechos y cuestionaron la continuidad de la medida de coerción.

La magistrada mantuvo la prisión preventiva, pero ordenó que se adopten las medidas necesarias para preservar la salud psicofísica de la imputada.

El fiscal Estrada señaló además que, si la defensa considera que las condiciones médicas justifican una medida menos restrictiva —como una eventual prisión domiciliaria—, deberá realizar el planteo correspondiente para que pueda ser evaluado judicialmente.

La acusación por los lotes

La investigación se concentra en terrenos ubicados en la zona del barrio Familia Unida, en Villa Mercedes.

La acusación sostiene que Escudero celebró acuerdos de cesión de derechos posesorios y recibió dinero de familias interesadas en adquirir los lotes pese a no contar, según la Fiscalía, con derechos suficientes para comercializarlos.

El expediente alcanzó a unas 16 manzanas que posteriormente quedaron comprendidas en actuaciones administrativas de la Municipalidad y fueron cedidas al Gobierno provincial para un proyecto habitacional.

Durante la investigación, el número de operaciones denunciadas fue modificándose a medida que se incorporaron nuevos damnificados. Finalmente, la acusación elevada a juicio quedó estructurada sobre 27 hechos atribuidos a Escudero.

Con la causa ya elevada, la discusión dejará progresivamente la etapa de investigación para trasladarse al juicio oral.

Será allí donde la Fiscalía deberá probar las maniobras que atribuye a los acusados, las defensas podrán cuestionar las pruebas y el tribunal deberá resolver finalmente si existieron las estafas, cuál fue la participación de cada imputado y qué responsabilidad penal corresponde en cada caso.