Chaco: diez policías van a juicio por la brutal agresión a jóvenes de la comunidad Qom

Seis años después de uno de los episodios de violencia policial que mayor repercusión tuvo en Chaco, diez efectivos de la Policía provincial comenzaron a ser juzgados por las agresiones contra jóvenes de la comunidad Qom en la localidad de Fontana. El debate oral y público se desarrolla ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia y busca determinar las responsabilidades de los uniformados por los hechos ocurridos en mayo de 2020.

El episodio tuvo lugar durante la madrugada del 31 de mayo, en el barrio Banderas Argentinas. Según la acusación, los policías ingresaron violentamente y sin orden judicial a domicilios de la zona, donde detuvieron a cuatro jóvenes: Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia y Rebeca Griselda Garay, quien era menor de edad en ese momento.

Las denuncias sostienen que durante el procedimiento los jóvenes recibieron golpes de puño, patadas y agresiones con armas de fuego. Los maltratos habrían continuado en la Comisaría Tercera de Fontana, donde también denunciaron amenazas, insultos discriminatorios por su pertenencia a la comunidad indígena y abusos. Parte de lo ocurrido quedó registrado por cámaras de la dependencia policial.

La difusión de esas imágenes generó una fuerte repercusión pública y volvió a poner en discusión la violencia institucional y el trato hacia los pueblos originarios. Las víctimas sufrieron lesiones físicas y secuelas psicológicas que, según las pericias incorporadas a la causa, incluyeron cuadros de estrés postraumático.

Diez efectivos en el banquillo

Los policías enfrentan distintas acusaciones de acuerdo con la participación que se les atribuye en los hechos. Entre los delitos investigados figuran vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica agravada y encubrimiento. Las imputaciones deberán ser analizadas durante el juicio y no implican una condena anticipada.

Uno de los aspectos que generó cuestionamientos es la situación laboral de los acusados. Según informó Amnistía Internacional, ocho de los diez efectivos continúan desempeñándose en la Policía del Chaco, mientras que solo dos dejaron de cumplir funciones en la fuerza.

El caso también involucra a Claudia Beatriz Lucena, quien estaba al frente de la Comisaría Tercera de Fontana cuando ocurrieron los hechos. La oficial enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Además, en junio de 2025 fue ascendida por el gobernador Leandro Zdero, pese a que ya estaba imputada en la causa y el expediente había sido elevado a juicio.

Un proceso que demoró seis años

El inicio del debate llegó después de varias postergaciones. La causa había sido elevada a juicio en abril de 2022, pero distintas demoras y reprogramaciones extendieron el proceso durante años. Finalmente, las audiencias comenzaron el 5 de octubre de 2026.

Amnistía Internacional Argentina acompaña a las víctimas y participa como amicus curiae, una figura que permite aportar argumentos jurídicos sin intervenir como parte acusadora. La organización había advertido sobre la gravedad de los hechos y la necesidad de que sean investigados bajo los estándares internacionales de prevención y sanción de la tortura.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Chaco también interviene como querellante institucional. El juicio continuará durante noviembre y diciembre, con nuevas audiencias previstas para recibir testimonios y analizar las pruebas.

La resolución será clave para establecer las responsabilidades individuales de los diez efectivos y determinar si hubo prácticas de violencia institucional y discriminación contra integrantes de la comunidad Qom.