Irá a juicio por venta de drogas tras el hallazgo de 1,8 kilos debajo de un colchón

Maycol Daniel Becerra irá a juicio oral acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de drogas, luego de una investigación que comenzó con una denuncia anónima y terminó con el secuestro de más de 1,8 kilos de sustancia debajo de un colchón.

El juez con funciones de revisión Sebastián Guillermo Soneira declaró admisible la acusación presentada por la fiscal Mónica Spagnuolo y ordenó que la causa sea remitida a la Oficina Judicial para sortear al magistrado que tendrá a cargo el debate.

La Fiscalía adelantó que solicitará cuatro años de prisión efectiva, una multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas. Becerra llegará al juicio bajo prisión preventiva.

La pesquisa se inició el 7 de octubre de 2025, cuando la División Lucha Contra el Narcotráfico recibió una denuncia anónima que señalaba movimientos presuntamente vinculados con la venta de drogas en una vivienda de calle Chubut al 1600, en la ciudad de San Luis.

Durante aproximadamente dos meses, los investigadores realizaron vigilancias y describieron un movimiento frecuente de personas que permanecían pocos minutos en el domicilio.

Según la acusación, entre el 21 y el 27 de octubre tres personas fueron interceptadas después de concurrir a la casa y llevaban pequeños envoltorios con cocaína. Esos procedimientos fueron incorporados como parte de la prueba que la Fiscalía pretende utilizar durante el juicio.

Los tres paquetes debajo del colchón

El allanamiento principal se realizó el 15 de diciembre de 2025.

En una habitación, la Policía encontró una balanza digital de precisión, un envoltorio con 0,65 gramos de cocaína y 92 envoltorios sellados, cuyo peso conjunto fue de 13,80 gramos.

El hallazgo de mayor volumen apareció debajo de un colchón: había una bolsa que contenía tres paquetes rectangulares de 475, 695 y 640 gramos, que totalizaron 1,810 kilos de sustancia estupefaciente.

También se secuestró otro envoltorio con 61,36 gramos, elementos que la investigación considera utilizados para el fraccionamiento, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El procedimiento formó parte de un operativo más amplio que incluyó otros dos domicilios y tres detenciones.

En el conjunto de aquellos allanamientos la Policía había informado el secuestro de seis paquetes de marihuana compactada, 294 envoltorios con cocaína, plantas de cannabis, teléfonos, dinero y otros elementos. Esas cantidades corresponden al operativo completo y no exclusivamente a lo encontrado en la vivienda atribuida a Becerra.

Cientos de transferencias bajo análisis

La investigación también puso el foco sobre los movimientos financieros del acusado.

A partir de información aportada por Mercado Pago, los investigadores determinaron que durante un período aproximado de cinco meses se registraron 494 transferencias por $6.858.742.

Otro análisis incorporado al expediente indicó que, durante dos meses, Becerra recibió 593 transferencias por alrededor de $7.485.031. En otro período de aproximadamente un mes realizó 128 operaciones por $1.153.948.

La Fiscalía sostiene que numerosos movimientos, especialmente aquellos por montos de entre $3.000 y $65.000, resultan compatibles con su hipótesis de comercialización de estupefacientes y que algunas operaciones coincidieron con jornadas en las que existían vigilancias policiales.

Esa interpretación será uno de los puntos centrales de discusión durante el juicio.

La defensa cuestionó la acusación

El abogado Rodolfo Mercau rechazó que los movimientos financieros puedan ser considerados automáticamente producto de una actividad ilícita y planteó que la ausencia de empleo registrado tampoco constituye por sí misma una prueba de venta de drogas.

Además, se opuso a la continuidad de la prisión preventiva al considerar que la investigación ya estaba terminada y que no se habían acreditado riesgos concretos de fuga o entorpecimiento.

Soneira decidió mantener la detención y entendió que las controversias planteadas por la defensa respecto de la prueba deberán resolverse durante el debate oral.

La apertura del juicio no implica una condena. Será en esa instancia donde la Fiscalía deberá probar su acusación y la defensa podrá controvertir las vigilancias, los secuestros y la interpretación de las transferencias bancarias antes de que la Justicia determine la responsabilidad penal de Becerra.