Educación
Separaron a una docente condenada por la muerte de su hija tras filmar alumnos
Una docente de sexto grado de la Escuela N° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, en Palermo, fue separada de su cargo después de que familias denunciaran que filmaba a sus alumnos, les solicitaba información personal y castigaba a quienes se negaban a ser grabados.
La mujer fue identificada como Roxana Carolina Cayo, de 53 años, quien se había reincorporado al sistema educativo porteño en agosto pasado después de cumplir una inhabilitación administrativa de cinco años derivada de una condena por homicidio culposo por la muerte de su hija de seis meses.
El nuevo caso comenzó a tomar dimensión cuando los propios alumnos contaron en sus casas situaciones que les resultaban llamativas. Según los testimonios aportados por las familias, la maestra utilizaba su teléfono celular para grabarlos durante las clases y, cuando alguno se oponía, podía dejarlo sin recreo como castigo.
Los padres también denunciaron que en una actividad les pidió a los chicos que dibujaran sus documentos de identidad e incorporaran datos como el número de DNI, el domicilio y los lugares que frecuentaban. Esos episodios motivaron el reclamo de las familias ante las autoridades escolares.
Ante las presentaciones, el Ministerio de Educación de la Ciudad decidió apartar preventivamente a Cayo mientras se determina qué ocurrió. Además, se inició un procedimiento administrativo y el caso también llegó a la Justicia.
La situación adquirió mayor repercusión cuando se conoció el antecedente penal de la docente.
En 2010, su hija de seis meses murió luego de quedar durante varias horas en la vivienda junto a sus hermanos, también menores. Según la investigación judicial, la bebé cayó de una cama y sufrió una lesión que terminó provocándole la muerte. Cayo permaneció prófuga durante cuatro años hasta que fue detenida en Florencio Varela en 2014.
En primera instancia había recibido una condena por homicidio doloso, calificación que le habría impedido volver a ejercer la docencia. Sin embargo, posteriormente la Cámara de Casación modificó el encuadre a homicidio culposo. Esa diferencia jurídica resultó determinante para que, una vez cumplida la pena y el período de cesantía administrativa, pudiera reincorporarse al sistema educativo.
Desde el Ministerio explicaron que la normativa vigente impide el regreso de docentes condenados por determinados delitos dolosos, mientras que una condena por un delito culposo permite la reincorporación una vez cumplidas las sanciones correspondientes.
A partir del caso, la cartera educativa porteña anunció que iniciará una revisión del decreto reglamentario que permitió el regreso de Cayo a las aulas, con el objetivo de modificar los criterios aplicables ante antecedentes penales de este tipo.
Por ahora, la docente continuará separada de su puesto mientras avanzan las actuaciones. El caso abrió, además, una discusión que excede lo ocurrido dentro de la escuela: qué antecedentes deben impedir el regreso al aula y hasta dónde debe llegar el control previo del Estado cuando una persona condenada solicita volver a estar al frente de menores.
