Justicia
Le dictaron prisión preventiva tras incumplir dos veces la domiciliaria en San Luis
La Justicia de San Luis ordenó 30 días de prisión preventiva para un joven de 25 años acusado de incumplir en dos oportunidades la prisión domiciliaria que debía cumplir desde fines de julio.
La medida fue resuelta este jueves 1° de octubre, después de que venciera la prórroga de ocho días solicitada por la defensa para analizar su situación procesal. Hasta entonces, el imputado permanecía alojado en una dependencia policial.
El episodio que derivó en su última detención ocurrió el 22 de septiembre. Una mujer llamó al 911 y alertó que el joven se encontraba fuera de la vivienda de calle Jujuy al 200 donde debía permanecer.
Efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico iniciaron una búsqueda en inmediaciones de 25 de Mayo y Rawson, lograron localizarlo y lo trasladaron a la Comisaría Seccional 4ª.
Pero ese no era el primer incumplimiento investigado.
Según la acusación de la Fiscalía de Género N°2, el 3 de septiembre familiares de una adolescente vinculada a la causa ya lo habían visto en la vía pública, también en la zona de 25 de Mayo y Rawson, pese a la orden que le impedía abandonar el domicilio.
La investigación incorporó además informes de controles realizados el 1° y el 16 de septiembre en la vivienda, cuando —según lo expuesto en audiencia— no se habría obtenido respuesta. Por los episodios del 3 y del 22, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos por dos hechos de desobediencia a una orden judicial.
La domiciliaria había sido impuesta durante 60 días en el marco de una causa iniciada a fines de julio a partir de la denuncia de una adolescente de 15 años.
En esa investigación, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente abuso sexual simple en grado de tentativa, amenazas simples y resistencia a la autoridad, además de las posteriores desobediencias. Las acusaciones se encuentran en etapa de investigación y no existe una condena.
Tras los nuevos episodios, la fiscal adjunta Mercedes García pidió modificar la medida de coerción al considerar que la prisión domiciliaria no había resultado suficiente para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Entre los argumentos expuestos por la acusación se mencionaron posibles riesgos procesales y la necesidad de resguardar a la adolescente y a su entorno familiar. La defensa, en tanto, solicitó la prórroga constitucional de ocho días antes de que se resolviera la situación.
Cumplido ese plazo, la Justicia hizo lugar a una medida más restrictiva y dispuso que el joven permanezca bajo prisión preventiva durante los próximos 30 días, mientras continúa la investigación.
La resolución no implica una declaración de culpabilidad. Se trata de una medida cautelar adoptada durante el proceso, que seguirá avanzando sobre los hechos originalmente denunciados y los posteriores incumplimientos que terminaron agravando la situación judicial del acusado.
