La Cámara de Representantes pone fin al cierre de Gobierno más largo de EE.UU.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles 12 de noviembre el acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno más prolongado de la historia reciente. Con 222 votos a favor y 209 en contra, el paquete restablece la asistencia alimentaria, habilita el pago a cientos de miles de empleados federales y reactiva servicios críticos como el control de tránsito aéreo.

La Cámara, de mayoría republicana, sancionó la medida con el respaldo del presidente Donald Trump, lo que permitió al oficialismo sostener la disciplina interna frente al rechazo demócrata. El Senado ya había dado su aval y, según informó la Casa Blanca, el Ejecutivo promulgará de inmediato la norma para restablecer la operatividad del Estado federal.

El texto extiende la financiación hasta el 30 de enero, a la espera de un entendimiento de mayor alcance. El esquema supone seguir sumando alrededor de 1,8 billones de dólares anuales a una deuda que ronda los 38 billones, mientras se negocia un marco presupuestario más estable.

El debate dejó posiciones firmes a ambos lados del pasillo. Los demócratas cuestionaron que el cierre no sirviera para asegurar la prórroga de subsidios federales a seguros médicos que vencen a fin de año. El acuerdo prevé que el Senado trate en diciembre esa cuestión, pero no contempla un compromiso equivalente en la Cámara baja.

En el recinto, el representante republicano David Schweikert graficó el desgaste político al afirmar que “fueron 40 días” sin una trama clara, en alusión a la parálisis institucional. Por su parte, la demócrata Mikie Sherrill —quien dejará su banca para asumir como gobernadora electa de Nueva Jersey— votó en contra y llamó a “no convertir a la Cámara en un sello” de medidas que, a su juicio, recortan asistencia social.

En términos de opinión pública, una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el mismo día atribuyó responsabilidades repartidas: el 50% de los consultados culpó a los republicanos por el cierre y el 47% a los demócratas, un dato que sugiere que ninguno de los dos partidos capitalizó políticamente el conflicto.

Con el regreso a la actividad, la administración federal deberá normalizar pagos y servicios afectados, mientras el Congreso afronta un calendario apretado de definiciones fiscales. La clave estará en si ambas cámaras logran antes de enero un acuerdo que evite un nuevo parate y brinde previsibilidad a agencias, empresas y hogares que dependen del gasto público para su funcionamiento cotidiano.