Poggi acelera el Plan Maestro del Agua y busca convertirlo en una ley provincial

El Gobierno de San Luis puso primera en 2026 con una señal política clara: cerrar la etapa de formulación del Plan Maestro del Agua 2025-2035 y convertirlo en ley. El gobernador Claudio Poggi encabezó una reunión de trabajo con funcionarios del Ejecutivo y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo a cargo de la elaboración técnica, con la meta de arribar con el documento terminado antes del inicio del período legislativo.

Según explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, la estrategia oficial apunta a que el plan esté en condiciones de ser presentado como proyecto durante la apertura de sesiones del Poder Legislativo, prevista para el 1° de abril. La intención, indicó, es elevarlo a rango normativo para asegurar continuidad más allá de los ciclos de gestión.

“Se prevén todas las acciones que el Gobierno deberá llevar adelante durante los próximos diez años para dar previsibilidad a este recurso tan importante para la vida y la producción”, sostuvo el ministro, al resumir el alcance del trabajo que encabeza el CFI. En el diagnóstico y las definiciones, agregó, Poggi interviene de manera directa en cada decisión que se incorpora al plan.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el proceso se encuentra en su fase final y que las próximas semanas serán de ajustes de detalle. En ese tramo, el gobernador mantiene un seguimiento “minucioso” de los lineamientos, con el objetivo de proyectar la planificación hídrica no solo para el período 2025-2035, sino con una mirada de largo plazo sobre el desarrollo provincial.

Trombotto también destacó el componente participativo del plan como uno de sus pilares. Según el balance oficial, se realizaron cerca de 100 reuniones de trabajo en distintos puntos de la provincia con actores económicos y sociales: intendentes, legisladores, entidades rurales, sectores industriales y comerciales, y emprendedores, entre otros.

“Se interactuó y se escuchó”, afirmó el ministro, quien sostuvo que esa construcción colectiva busca darle “más fortaleza” al plan y legitimar las decisiones que se adoptan en la etapa final.

El cierre del documento y su envío a la Legislatura abrirán un nuevo capítulo: el debate político sobre la jerarquía legal del plan, su financiamiento y los mecanismos de implementación. Para el Gobierno, la apuesta es explícita: transformar la hoja de ruta del agua en una política de Estado que ordene la inversión y la gestión del recurso en los próximos años.