Tras concluir que fue suicidio, la Fiscalía archivará la causa por Yohana Escudero

La investigación por la muerte de Yohana Pamela Escudero, ocurrida en Villa Mercedes, ingresó este jueves en una etapa decisiva. Con la firma de una resolución en la que dejaron asentado que se trató de un suicidio, las fiscales Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz dispusieron el archivo inmediato del expediente al considerar que no existió delito.

Según el criterio fiscal, una vez establecido que la causa de la muerte no fue criminal, el cierre administrativo del caso es el paso procesal que corresponde. En ese documento, las representantes del Ministerio Público fundamentaron su decisión en el conjunto de pericias reunidas durante aproximadamente un mes de investigación.

Sin embargo, el archivo podría no ser el punto final. La familia de Escudero adelantó que insistirá para que el expediente no quede cerrado y contrató a un nuevo abogado, Javier Quiroga, quien ahora evalúa los pasos a seguir. Entre las alternativas que analiza se encuentra insistir con medidas que, para los familiares, todavía están pendientes, como la realización de una Cámara Gesell a los hijos de Yohana y la producción de nuevas pruebas.

En paralelo, una de las hermanas de la mujer, Vanesa, cuestionó el curso de la pesquisa y explicó que decidieron desplazar al abogado anterior, Vicente Cuesta, por entender que no impulsó diligencias que le habían solicitado presentar en Fiscalía. “Tenemos que apelar y espero que la Justicia nos escuche”, sostuvo, al tiempo que enumeró puntos que, según su visión, merecen profundización: lesiones observadas en el cuerpo, rastros en las uñas, análisis de teléfonos aún no abiertos y testimonios que, asegura, todavía no fueron incorporados.

En sus declaraciones, Vanesa también puso el foco en presuntas inconsistencias sobre cómo fue hallado el cuerpo y sostuvo una versión que difiere de relatos previos difundidos por otros familiares. Ese contrapunto, además, quedó cruzado por precisiones técnicas: trascendió que en la causa constarían testimonios de quienes intervinieron en los primeros momentos y un examen forense que habría verificado marcas compatibles con una suspensión.

Del lado fiscal, en el expediente también se habrían incorporado reportes de análisis de comunicaciones y extracción de datos de dispositivos, además de registros de cámaras del sistema provincial de monitoreo para reconstruir movimientos vinculados a la investigación. Incluso, según fuentes del caso, se habrían realizado diligencias para ubicar a un prestamista, en el marco de la hipótesis de presiones económicas que habría atravesado la víctima.

Con el archivo ya ordenado, la discusión se traslada ahora al terreno legal: si la querella logra activar un planteo para revisar la decisión y si el nuevo abogado de la familia consigue habilitar medidas que permitan reabrir líneas de investigación. Mientras tanto, el caso queda en una zona de tensión: una conclusión fiscal que da por cerrado el hecho y un entorno familiar que insiste en que todavía falta escuchar, peritar y probar.