Freixes, el falso Cacique y la caja de un poder que ahora empieza a rendir cuentas en la justicia

COLUMNA
Durante años, Sergio Freixes se movió como si el Pueblo Ranquel fuera territorio propio. No como un administrador sujeto a controles. No como alguien obligado a rendir cuentas. Mucho menos como un representante legítimo de una comunidad. Se movió, más bien, con la impunidad de quien cree que los sellos, las firmas y los cargos alcanzan para tapar cualquier cosa.

Ahora esa historia empezó a chocar contra un límite mucho más incómodo: la Justicia.

La audiencia de formulación de cargos ya tiene fecha. Será el 28 de abril, en Villa Mercedes, y no será una escala menor dentro de un expediente burocrático. Será el momento en que el Ministerio Público Fiscal pondrá sobre la mesa una acusación devastadora: que Freixes no habría encabezado una gestión discutible ni una administración desprolija, sino una presunta asociación ilícita montada para manotear fondos públicos, recursos comunitarios y estructuras estatales en beneficio propio y de su entorno.

No irá solo. También fueron citados su esposa, su secretaria y otros dos colaboradores. Es decir, la sospecha judicial no apunta a un exceso personal ni a un desvío aislado. Apunta a un esquema. A una organización. A una lógica de funcionamiento donde el poder no se ejercía para administrar una comunidad, sino para ponerla al servicio de una maquinaria de conveniencias.

Y ahí está lo más brutal de toda esta historia: no se trata solamente de plata. Se trata de haber usado la cobertura simbólica de un pueblo originario, su representación institucional, sus bienes y su legitimidad histórica como pantalla para otra cosa. Porque cuando detrás de la palabra “lonko” empieza a aparecer una ruta de transferencias, sociedades comerciales, cuentas bancarias, fondos públicos y maniobras sospechosas, lo que se derrumba no es solo una defensa judicial. Se derrumba una puesta en escena.

Freixes y Alberto Rodríguez Saá (h) se hicieron proclamar lonkos en septiembre de 2023. Eso fue presentado como una decisión comunitaria, como una ratificación de liderazgo, como una suerte de orden natural dentro del Pueblo Ranquel. Pero la investigación judicial fue en otra dirección: concluyó que esa asamblea, tal como fue exhibida, no existió. Que las firmas se recolectaron casa por casa. Que incluso hubo personas que firmaron sin saber qué estaban avalando. Que muchos creían que rubricaban una carta al entonces gobernador. Traducido al castellano político de siempre: lo que se intentó vender como legitimidad colectiva empezó a parecerse demasiado a una maniobra armada.

Y si eso ya era grave, el resto del expediente directamente hiela la sangre. La acusación sostiene que entre abril de 2020 y diciembre de 2023 se dispuso de más de 669 millones de pesos. También habla de cuentas bancarias donde caían fondos de coparticipación, aportes del Tesoro y recursos surgidos de la explotación agropecuaria y de la venta de ganado de las 66 mil hectáreas de la comunidad. Como si fuera poco, la causa pone bajo sospecha a la firma El Relincho S.R.L., vinculada a la familia Freixes, como presunta herramienta para concretar la defraudación.

Todo eso ya sería explosivo en cualquier municipio. Pero acá hay un agravante político y moral imposible de disimular: el uso de una comunidad originaria como cobertura de poder. La sospecha de que no solo se quiso controlar una estructura administrativa, sino también apropiarse del relato, de la representación y de la voz de un pueblo para hacer pasar una operación como si fuera una causa.

El detalle de los 50 millones de pesos transferidos cuatro días antes de que terminara el gobierno de Alberto Rodríguez Saá no parece apenas una casualidad de calendario. Suena, más bien, como esas escenas finales en las que alguien sabe que se apaga la luz y decide llevarse lo que puede antes de que entren otros a revisar los cajones.

Por eso la audiencia del 28 de abril no es una audiencia más. Es el momento en que una trama que durante mucho tiempo se movió entre influencias, papeles y blindajes empieza a ser nombrada en voz alta en un tribunal. Y cuando eso pasa, los disfraces políticos ya no alcanzan. Ni el del administrador, ni el del operador, ni el del supuesto lonko.

Porque conviene decirlo sin eufemismos: si la acusación fiscal tiene sustento, entonces no hubo ahí ninguna épica de defensa ranquel ni ningún acto genuino de conducción comunitaria. Hubo otra cosa. Hubo captura. Hubo manipulación. Hubo una utilización obscena de una investidura ajena para disfrazar una estructura propia.

Durante demasiado tiempo, en San Luis hubo sectores del poder que se acostumbraron a una idea peligrosa: que podían tocar cajas públicas, modelar instituciones, fabricar legitimidades y seguir caminando como si nada. La causa contra Freixes golpea justo en ese corazón. No solo porque lo alcanza a él y a su círculo. Sino porque desnuda un método.

El método de convertir una causa noble en cobertura. El método de transformar la representación en negocio. El método de usar símbolos colectivos para fines particulares. El método de creer que, con suficiente poder político, cualquier maniobra puede ser bendecida después con una firma, una resolución o una escenografía institucional.

Pero esa lógica tiene un problema: tarde o temprano, la realidad aparece. Y cuando aparece, arrasa con los relatos.

Freixes construyó durante años una imagen de influencia, manejo y centralidad. Ahora deberá enfrentar algo mucho más áspero que la política: la obligación de explicar. Explicar la plata. Explicar las cuentas. Explicar las transferencias. Explicar las firmas. Explicar el rol de su entorno. Explicar por qué una comunidad terminó en el centro de una trama judicial tan pesada. Explicar, en definitiva, si detrás del lonko había un conductor o apenas un usurpador con buenos contactos.