El Gobierno quitó estampillas a 34 alumnos por amenazas, bullying y armas blancas

El Gobierno provincial quitó las estampillas escolares a 34 estudiantes de San Luis por hechos que alteraron la convivencia escolar, entre ellos amenazas de tiroteos, situaciones de acoso y episodios vinculados al ingreso de armas blancas a establecimientos educativos. La medida fue confirmada por la directora de Comunidad Educativa, Celeste Aparicio, quien advirtió que todavía hay más casos bajo análisis.

La decisión se produce en un contexto de fuerte preocupación en la comunidad educativa, luego de una serie de mensajes, inscripciones y alertas sobre supuestos ataques armados en distintas escuelas de la provincia. Aunque varios episodios fueron presentados como bromas o retos virales, el Ministerio de Educación remarcó que se trata de hechos graves, con impacto directo en alumnos, docentes, familias y equipos directivos.

Aparicio explicó que, además de los 34 casos ya confirmados y notificados mediante expedientes, existen otros hechos en estudio. No todos están vinculados a amenazas de tiroteos: algunos corresponden a acoso escolar y otros a situaciones en las que estudiantes llevaron cuchillos u otros elementos peligrosos a las instituciones.

La funcionaria también señaló que, en algunos casos, los propios alumnos reconocieron su error junto a sus tutores o compañeros. Sin embargo, aclaró que ese reconocimiento no elimina la necesidad de aplicar medidas cuando se vulneran las normas de convivencia y se pone en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

La quita de estampillas alcanza al beneficio correspondiente al ciclo lectivo 2026 y se calcula según el nivel que curse cada estudiante, ya sea primario o secundario, y la modalidad de la escuela, como orientada, técnica o de adultos. Aparicio advirtió además que, ante reincidencias, la sanción puede agravarse: si un alumno repite este tipo de conductas hasta una tercera vez, podría perder la totalidad de las estampillas acumuladas.

El programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” fue creado por la Ley N° VIII-0752 de 2011 con el objetivo de estimular la educación y el ahorro de los estudiantes. Los sellos se entregan anualmente y pueden canjearse por dinero una vez finalizados los estudios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Durante la gestión del gobernador Claudio Poggi, el decreto reglamentario fue modificado para incorporar una condición adicional: para acceder al cobro de las estampillas, además de terminar el secundario, los estudiantes no deben haber protagonizado acciones que violenten la convivencia escolar, ya sea de manera física, psicológica o sexual.

Según explicó Aparicio, el Ministerio de Educación fortaleció en el último tiempo el marco de actuación interna. Mencionó la implementación de una resolución de trabajo y del sistema “Guiarse”, un esquema de protocolos con fuerza normativa que permite ordenar la respuesta institucional ante distintos tipos de situaciones. En un inicio, indicó, había unos 40 protocolos; actualmente son más de 70.

Cuando se activa una alerta, como una amenaza de tiroteo, los directivos aplican el protocolo correspondiente, labran actas y elaboran un informe que luego se eleva al Ministerio a través del sistema Tramix o del sistema de estudiantes. Ese expediente avanza por el nivel o modalidad educativa correspondiente hasta llegar a la Dirección de Bienestar Escolar, que evalúa la posible quita del beneficio.

La sanción se formaliza mediante una resolución y luego se comunica a la institución para que el equipo directivo informe a los tutores y a los estudiantes. En paralelo, según la gravedad del caso, pueden intervenir otros organismos del Estado, como Salud, Seguridad, la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia, Policía Civil, Prevención Ciudadana y la Fiscalía de Instrucción Penal.

La funcionaria remarcó que las amenazas no deben tomarse como un juego. Explicó que cuando aparece un mensaje sobre un supuesto tiroteo, las autoridades deben presumir la posible existencia de armas y actuar en consecuencia. Por eso, las investigaciones continúan y pueden incluir entrevistas, pericias caligráficas y otras medidas judiciales.

El objetivo oficial, sostuvo Aparicio, es erradicar la violencia y sostener a la escuela como un espacio seguro. “Las escuelas son nuestro lugar seguro, quizás el más seguro que tienen nuestros chicos”, planteó, al explicar que cuando esa norma se altera el Estado debe responder con medidas preventivas, sanciones y acompañamiento.

También insistió en la responsabilidad de las familias. Pidió a los tutores dialogar con sus hijos, revisar qué llevan a la escuela y prestar atención al uso de celulares y redes sociales. Advirtió que muchas veces los adultos desconocen las plataformas donde se viralizan retos o mensajes que terminan generando miedo y daños concretos.

De cara a la próxima semana, Educación mantendrá activos los protocolos y continuará en contacto permanente con los equipos directivos. Algunas instituciones ya implementaron medidas preventivas, como asistir sin mochilas o sin celulares, decisiones que fueron acompañadas por el Ministerio cuando fueron consideradas necesarias para garantizar la seguridad.

La situación seguirá bajo seguimiento oficial. Aunque el Gobierno evitó precisar cuántas amenazas nuevas están bajo análisis para no generar más alarma, dejó claro que cada caso será investigado y que las sanciones pueden avanzar si se comprueba que hubo una conducta que alteró la convivencia escolar. En medio del temor que atravesó a decenas de escuelas, el mensaje institucional es contundente: las amenazas no son una broma y tendrán consecuencias.