La posible quita de subsidios al gas preocupa a San Luis por el impacto en las tarifas

La posible modificación de la Ley de Zona Fría encendió alarmas en San Luis. La presidenta de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE), Laura Giumelli, envió una nota formal a los legisladores nacionales por la provincia para expresar su preocupación por el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone derogar parte de los beneficios vigentes para usuarios residenciales de gas.

La funcionaria advirtió que la iniciativa podría dejar sin subsidios a gran parte de los hogares sanluiseños incluidos actualmente dentro del régimen especial de “Zona Fría”, una herramienta creada para aliviar el costo energético en regiones con bajas temperaturas y alta demanda de calefacción.

El planteo fue dirigido a los diputados nacionales Ernesto Alí, Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra y Jorge Fernández, así como a los senadores Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino. Allí, Giumelli cuestionó que el proyecto no contemple las particularidades climáticas ni las diferencias geográficas de cada provincia.

En la nota, fechada el 18 de mayo, la titular de la CREE señaló que San Luis realizó importantes inversiones para ampliar la red de gas natural sin asistencia económica nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo productivo en distintas localidades.

Según explicó, la eliminación parcial del régimen impactaría directamente sobre la economía de miles de familias, especialmente en zonas con gran amplitud térmica y bajas temperaturas invernales. De acuerdo con las estimaciones oficiales, los aumentos podrían representar entre $10.000 y $40.000 mensuales adicionales antes de impuestos para usuarios residenciales pequeños.

Giumelli también alertó sobre el riesgo de “pobreza energética”, concepto que se utiliza para describir a los hogares que deben destinar más del 10% de sus ingresos al pago de servicios energéticos. En ese sentido, remarcó que muchas familias podrían verse obligadas a reemplazar el gas por energía eléctrica o gas licuado de petróleo (GLP), alternativas que suelen resultar más costosas y menos estables.

La funcionaria sostuvo además que el debate sobre subsidios energéticos debe contemplar criterios sociales, climáticos y de infraestructura, con participación activa de las provincias. “La diversidad bioclimática y el acceso a los servicios es una parte esencial del debate”, afirmó en el documento.

Otro de los puntos cuestionados fue el esquema de compensaciones a CAMMESA y el impacto sobre las provincias que mantienen sus cuentas al día. Según indicó, San Luis no generó “activos regulatorios” en favor de empresas concesionarias y, pese a ello, podría verse perjudicada por medidas que reducen recursos coparticipables y beneficios para usuarios cumplidores.

Mientras el proyecto comienza a ser debatido en el Congreso, el Gobierno provincial busca instalar el reclamo ante los representantes legislativos nacionales para evitar que San Luis pierda los beneficios contemplados por la Ley de Zona Fría. El eje de la discusión estará puesto en el impacto económico que podría tener sobre miles de hogares en pleno contexto de aumento de tarifas y consumo invernal.