Judiciales
La Justicia investiga el patrimonio de una sobrina de Jésica Cirio
La Justicia avanzó con nuevas medidas sobre el patrimonio de Priscila Diana Ferrante, sobrina de Jésica Cirio, en el marco de las investigaciones vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El juez Luis Armella pidió una serie de diligencias para conocer en profundidad los bienes de Ferrante y determinar si pudo haber actuado como testaferro de la mediática, del ex intendente Martín Insaurralde o de su ex pareja, Ariel Heber Russo.
Según trascendió, las medidas apuntan a revisar posibles adquisiciones de bienes consideradas sospechosas y reconstruir el origen de esos movimientos patrimoniales.
Para avanzar en esa línea, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ferrante, una herramienta clave para acceder a información financiera, impositiva y registral.
Ferrante no se encuentra imputada ni investigada formalmente en la causa principal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene bajo la mira a Insaurralde y Cirio.
Sin embargo, su nombre ya había aparecido en una investigación relacionada con Ariel Heber Russo, quien será juzgado por presunta emisión de facturas apócrifas y supuestos negocios con la Municipalidad de Lomas de Zamora.
En ese expediente, Ferrante fue sobreseída luego de que se determinara que solo tenía un vehículo que le habría regalado Russo cuando eran pareja.
Ahora, la profundización de las medidas patrimoniales podría abrir un nuevo escenario, especialmente si la Justicia detecta bienes cuya adquisición no pueda ser justificada.
Priscila Ferrante tiene 33 años y es hija de Verónica Mestre, la media hermana de Jésica Cirio que fue hallada muerta en su domicilio en 2025.
Desde hace años mantiene una relación cercana con la conductora y, según trascendió, habría sido quien la presentó con Martín Insaurralde, con quien luego Cirio se casó y tuvo una hija.
El nombre de Ferrante volvió a tomar relevancia en los últimos días a partir de la investigación sobre posibles bienes registrados a su nombre.
La Justicia ahora busca determinar si esos inmuebles o activos responden a adquisiciones personales justificadas o si pudieron formar parte de una maniobra para ocultar patrimonio de terceros.
Las medidas solicitadas por Armella forman parte de una etapa de ampliación de la pesquisa, que busca reconstruir el circuito económico y patrimonial alrededor de los principales involucrados.
