La reforma constitucional llega al Senado tras meses de diálogo y debate

La propuesta para avanzar con una reforma parcial de la Constitución de San Luis entra este martes en una etapa decisiva. Después de varios meses de análisis, reuniones y consultas con distintos sectores, el proyecto que declara la necesidad de modificar la Carta Magna quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Senadores.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Claudio Poggi y presentada formalmente ante la Legislatura en abril. Desde entonces, las comisiones de Asuntos Constitucionales del Senado y de Diputados abrieron una instancia de debate que derivó finalmente en la emisión de un despacho.

El proceso estuvo encabezado por el vicegobernador y presidente del Senado, Ricardo Endeiza, y reunió a legisladores de distintos espacios políticos. También participaron referentes de los principales organismos del sistema judicial provincial y especialistas convocados para analizar los alcances de la reforma.

Entre ellos estuvieron la ministra del Superior Tribunal de Justicia Carolina Monte Riso, el procurador general Eduardo Cadelago Filippi, la defensora general Marcela Torres Cappiello y el abogado constitucionalista Cristian Altavilla. Además, fueron escuchados representantes de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Católica de Cuyo.

Las reuniones permitieron revisar distintos capítulos del proyecto. Uno de los ejes centrales es la limitación definitiva de las reelecciones del gobernador, con un máximo de dos mandatos, sean consecutivos o alternados. También se propone eliminar las elecciones legislativas de medio término e incorporar la segunda vuelta para la elección de gobernador y vicegobernador.

En materia institucional, la reforma contempla cambios en el Consejo de la Magistratura y en los mecanismos de selección de jueces, además de separar estructuralmente al Ministerio Público del Poder Judicial para otorgar mayor autonomía a la Procuración y la Defensoría General.

También se analizaron modificaciones en el Jurado de Enjuiciamiento, un límite de 75 años para futuras designaciones en determinados cargos vitalicios, cambios en la composición del Tribunal de Cuentas y requisitos relacionados con la carrera judicial.

La propuesta incorpora, además, cuestiones que no estaban presentes cuando se sancionó la Constitución provincial de 1987. Entre ellas aparecen derechos relacionados con la identidad digital, la conectividad, la protección frente al uso de nuevas tecnologías y los algoritmos, junto con la intención de otorgar mayor jerarquía institucional a la administración del agua como recurso estratégico.

Otro de los puntos planteados por el Ejecutivo es la creación de un sistema de capitales alternas, que permitiría que el Gobierno provincial y su gabinete desarrollen actividades institucionales periódicamente en ciudades del interior.

El tratamiento de este martes no implica que la Constitución quede reformada de manera inmediata. Lo que debe aprobar la Legislatura es la declaración de necesidad de la reforma, paso indispensable para habilitar posteriormente una Convención Constituyente.

La exigencia constitucional obliga a alcanzar una mayoría especial. En el Senado son necesarios seis votos sobre un total de nueve miembros. Si obtiene la aprobación de la Cámara Alta, la iniciativa deberá continuar su recorrido legislativo en Diputados, donde también necesitará el respaldo de los dos tercios del cuerpo.

De completar ese proceso, los convencionales constituyentes serían elegidos en los próximos comicios provinciales y tendrán la responsabilidad de debatir y resolver exclusivamente sobre los puntos habilitados por la ley.

A casi cuatro décadas de la última reforma integral de la Constitución de San Luis, el debate ingresa así en su instancia política más relevante. Después de las mesas de diálogo y del trabajo en comisión, será ahora la Legislatura la que deberá definir si existen los consensos necesarios para abrir formalmente un nuevo proceso constituyente en la provincia.