Anabela Lucero detenida: el perjuicio al Molino Fénix sería de $900 millones

La Justicia de San Luis dictó la prisión preventiva por 60 días para la exdiputada Anabela Lucero, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción vinculadas al Molino Fénix y la Casa de la Música de Villa Mercedes. La resolución fue adoptada este lunes por el juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz, después de una audiencia que se extendió durante siete horas.

La medida también alcanzó a Enzo Lucero y Exequiel Scarel, quienes fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial. En cambio, Diego Torres, el quinto imputado, continuará el proceso en libertad bajo otras condiciones, debido a que, según la Fiscalía, se mantuvo a derecho y se presentó cada vez que fue convocado.

Durante la audiencia se amplió la formulación de cargos contra los cinco imputados. La acusación contempla administración fraudulenta, asociación ilícita y ocultamiento o destrucción de evidencia. En el caso de la asociación ilícita, la Justicia consideró a Lucero y al diputado provincial Joaquín Beltrán como presuntos jefes de la organización y al resto como partícipes necesarios.

Según la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre 2020 y 2023, aprovechando funciones y recursos vinculados al complejo estatal. La Fiscalía estimó inicialmente el perjuicio para la Administración Pública en más de $900 millones y señaló mecanismos como contrataciones irregulares y el uso de facturas presuntamente falsas.

Otro de los ejes de la investigación está relacionado con el presunto vaciamiento de la Casa de la Música del Molino Fénix, además de la posible utilización de vehículos y servicios del complejo durante actividades vinculadas a la campaña electoral de Lucero. La acusación también apunta a una supuesta destrucción u ocultamiento de elementos que podrían constituir evidencia para la causa.

La situación de Joaquín Beltrán quedó diferenciada por su condición de diputado provincial. La Fiscalía y la Fiscalía de Estado solicitaron su desafuero para poder avanzar con el pedido de prisión preventiva. El trámite deberá ser tratado por la Cámara de Diputados antes de que pueda hacerse efectiva una eventual medida de coerción contra el legislador.

Lucero rechazó las acusaciones durante la audiencia y sostuvo que se trata de una causa política. La exdiputada afirmó ser inocente y cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal y del tribunal. Su defensa había propuesto medidas alternativas a la prisión preventiva, pero el juez consideró que persistían riesgos procesales y que todavía quedan pruebas relevantes por producir.

Entre las medidas pendientes aparecen pericias contables e informáticas y nuevas entrevistas, mientras las defensas anticiparon recursos contra la decisión judicial. La Fiscalía también continuará con el análisis de la documentación y de los dispositivos electrónicos incorporados al expediente.

La resolución abre una nueva etapa en una causa de fuerte impacto político e institucional en San Luis. Mientras la acusación busca determinar si existió una estructura organizada para disponer irregularmente de recursos públicos, las defensas cuestionan la teoría fiscal y sostienen la inocencia de los imputados. El expediente continuará ahora con nuevas medidas de prueba y con el trámite legislativo que definirá la situación de Beltrán.