El PJ respaldó a Anabela Lucero tras su detención y denunció una persecución política

El Partido Justicialista de San Luis salió públicamente en respaldo de la exdiputada Anabela Lucero, quien permanece detenida con prisión preventiva en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el Molino Fénix de Villa Mercedes.

A través de un comunicado, el PJ provincial cuestionó la decisión de la Justicia y calificó el proceso como una “persecución política”. La postura partidaria se conoció un día después de que Lucero fuera enviada al Servicio Penitenciario Provincial por orden del juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz.

La exlegisladora está acusada, junto con otros imputados, por presuntas maniobras que habrían provocado un perjuicio superior a $900 millones al Estado provincial. La Fiscalía amplió recientemente la imputación e incorporó los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de evidencia.

Según la acusación, Lucero habría tenido un rol de liderazgo dentro de la estructura investigada. La causa analiza hechos que se habrían producido entre 2020 y 2023, durante la administración del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, y comprende operaciones vinculadas con el Molino Fénix y la Casa de la Música.

El PJ cuestionó particularmente la decisión de imponer la prisión preventiva y sostuvo que la medida debe ser analizada dentro del contexto político de la provincia. La fuerza reclamó que el proceso avance con respeto por las garantías constitucionales y el principio de inocencia.

La defensa de Lucero mantiene una postura similar. Durante la audiencia en la que se resolvió su detención, la exdiputada rechazó las acusaciones y sostuvo que la causa tiene una motivación política. Sus abogados habían solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva.

La investigación judicial también involucra al diputado provincial Joaquín Beltrán, pareja de Lucero y señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos organizadores de la asociación ilícita. Debido a sus fueros parlamentarios, el Ministerio Público Fiscal solicitó su desafuero para poder avanzar con una eventual medida de coerción.

El expediente representa uno de los principales focos de tensión política entre el oficialismo provincial y dirigentes vinculados con la anterior administración. Mientras la Justicia busca determinar si existió una estructura organizada para disponer irregularmente de recursos públicos, el PJ sostiene que el proceso está siendo utilizado con fines políticos.

La causa continuará ahora con nuevas medidas de prueba y con el tratamiento legislativo del pedido de desafuero de Beltrán. En paralelo, la defensa de Lucero podrá recurrir la prisión preventiva, mientras la Fiscalía avanzará en la reconstrucción de las operaciones y en la determinación del eventual perjuicio económico para el Estado.