La salud pública recibe más demanda y el Presupuesto 2027 prevé una suba real del 16%

El sistema público de salud enfrenta una mayor presión asistencial en un escenario marcado por la pérdida de cobertura médica, el crecimiento de la informalidad laboral y una desocupación que alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre del año.

En ese contexto, el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, actualmente en manos del Congreso, contempla una mejora real de los recursos destinados a la función Salud.

Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre las proyecciones oficiales, el gasto sanitario pasaría de un equivalente a $11 billones en 2026 a $12,8 billones en 2027, medidos a precios constantes del próximo año. La variación representa un incremento real del 16%.

Frente a 2023, la partida aparece casi un 30% por encima en términos reales. Sin embargo, esa comparación tiene una salvedad importante.

Desde 2024 cambió la forma de registrar parte del financiamiento del PAMI y comenzaron a contabilizarse dentro de la función Salud transferencias del Tesoro destinadas al organismo. Por eso, una parte de la suba responde a un cambio contable y no necesariamente a un aumento equivalente de dinero destinado directamente a nuevas prestaciones médicas.

Menos cobertura y más informalidad

Al mismo tiempo, los cambios registrados en el mercado laboral comenzaron a trasladarse al sistema sanitario.

Un análisis de IDESA realizado sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares señala que entre 2023 y el primer tramo de 2026 hubo una disminución de alrededor de 629 mil personas con obra social y otras 105 mil con medicina prepaga.

En conjunto, son cerca de 735 mil personas menos bajo esas modalidades de cobertura.

El dato requiere cautela: esa reducción no significa necesariamente que las 735 mil hayan quedado exclusivamente bajo atención estatal, ya que pueden existir cambios entre distintos tipos de cobertura. Sí muestra una contracción del universo protegido por obras sociales y prepagas y, por lo tanto, una mayor presión potencial sobre hospitales y centros públicos.

Jorge Colina, presidente de IDESA, vinculó el fenómeno especialmente con el deterioro de la calidad del empleo. La organización viene advirtiendo que el financiamiento de la seguridad social sanitaria cayó desde 2018 y se ubica actualmente más cerca del 3% del PBI, frente al 3,6% que alcanzaba anteriormente.

Los últimos datos del mercado laboral refuerzan ese escenario.

La desocupación llegó al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,6% del mismo período del año pasado. A su vez, la proporción de ocupados con empleo informal pasó del 43,2% al 45% en un año.

Eso resulta especialmente relevante para el sistema sanitario argentino porque buena parte de la cobertura mediante obras sociales está asociada al empleo registrado.

Cerca de 100 millones de atenciones

La mayor utilización del sistema estatal también aparece reflejada en las estadísticas de actividad sanitaria.

Estimaciones construidas a partir de registros de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y de las jurisdicciones provinciales ubican actualmente en torno a 100 millones las consultas y atenciones anuales realizadas en establecimientos públicos.

La cifra no representa 100 millones de pacientes diferentes: una misma persona puede concurrir varias veces durante el año y generar múltiples consultas, prácticas o intervenciones.

El volumen supera los registros cercanos a los 90 o 95 millones de atenciones que se observaban en 2019, antes de la pandemia.

La presión tampoco se limita a las personas que carecen de cobertura. Hospitales públicos atienden además pacientes que poseen obra social o prepaga, cuyos costos pueden posteriormente ser reclamados a los financiadores correspondientes.

Nación ya reforzó partidas durante 2026

La necesidad de mayores recursos también llevó al Ejecutivo a modificar durante este año el presupuesto sanitario vigente.

A comienzos de septiembre, mediante la Decisión Administrativa 26/2026, el Gobierno amplió en más de $323.800 millones distintas partidas del Ministerio de Salud.

De ese total, $283.146 millones fueron destinados a prevención y control de enfermedades transmisibles y compra de vacunas y medicamentos; $22.000 millones al abordaje de VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual, tuberculosis y lepra; y otros $18.729 millones a equipamiento sanitario y de laboratorio.

La medida también reforzó recursos para hospitales nacionales y establecimientos de alta complejidad, entre ellos el Garrahan y El Cruce.

El escenario que se abre hacia 2027 combina así dos movimientos simultáneos: un proyecto que propone recuperar recursos reales para Salud y una estructura sanitaria que enfrenta una demanda creciente en medio de un mercado laboral con mayor informalidad.

La discusión en el Congreso determinará finalmente cuánto de lo proyectado quedará plasmado en el Presupuesto. Pero el desafío excederá el monto aprobado: hospitales y centros de atención deberán absorber una demanda que exige no sólo financiamiento, sino también medicamentos, profesionales, infraestructura, equipamiento y capacidad para sostener prestaciones cada vez más complejas.