Márquez y Asociados suma 13 detenidos y en San Luis reclaman nuevas imputaciones

La causa que investiga las presuntas estafas vinculadas con Márquez y Asociados sumó cuatro nuevas prisiones preventivas en Córdoba y ya son 13 las personas detenidas mientras avanza la investigación sobre los planes de viviendas comercializados por la firma.

La última resolución fue adoptada por la Fiscalía de Distrito I, Turno 1°, a cargo de Enrique Gavier, y alcanzó a Florencia Gisel Páez, Laura Nicolina Stancov, Inés María Gutiérrez Lascano y Fabio Javier Altamirano.

Las tres mujeres están señaladas como presuntas integrantes de una asociación ilícita, mientras que a Altamirano la investigación le atribuye el supuesto rol de jefe intermedio dentro de la organización. Se trata de imputaciones en etapa de investigación y no de condenas.

Páez cumplirá la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria por razones humanitarias relacionadas con sus circunstancias personales y el cuidado de su hija, nacida en junio. Los otros tres imputados permanecerán alojados en establecimientos penitenciarios.

Ya son 13 los detenidos en Córdoba

Las nuevas medidas se suman a las que ya pesaban sobre otras nueve personas.

Entre los detenidos están Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, Lucas Alberto Márquez y José Matías Márquez, además de Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva, Matías Ariel Acevedo, Fabio Ferrari y Gerardo Wenetz.

La hipótesis de la Fiscalía cordobesa apunta a determinar si la estructura comercial de la desarrollista fue utilizada para concretar maniobras defraudatorias mediante la contratación de planes de viviendas.

La investigación busca ahora establecer la participación que habría tenido cada acusado y reunir las pruebas necesarias para avanzar hacia las próximas etapas del proceso.

En San Luis piden que la causa también avance

Mientras Córdoba profundiza las medidas judiciales, en San Luis abogados de damnificados reclaman que la investigación provincial avance sobre algunas de las personas que ya están imputadas en la provincia vecina.

El abogado Maximiliano del Signore, representante de dos familias, aseguró que actualmente existen 10 denuncias acumuladas en un mismo expediente y sostuvo que el número de posibles afectados en la provincia podría llegar a unas 50 familias, aunque muchas no formalizaron una presentación judicial.

La causa quedó concentrada en la Fiscalía N°4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Javier Amitrano, después de haber pasado por otras dependencias.

Del Signore presentó un pedido para que se avance con la formulación de cargos contra personas a las que vincula con las operaciones denunciadas en San Luis.

Entre ellas mencionó a Laura Nicolina Stancov, una de las últimas detenidas en Córdoba. Según el abogado, habría firmado contratos como apoderada de integrantes de la familia Márquez, documentación que afirmó tener incorporada en los casos de sus representados.

“Estamos a la expectativa de que se notifique a esta gente que está ahora presa y que respondan acá”, planteó el letrado.

Viviendas pagadas que, según las denuncias, nunca llegaron

Los casos presentados en San Luis tienen como eje planes mediante los cuales los compradores aportaban sus propios terrenos y entregaban dinero para la construcción de viviendas.

Según los denunciantes, las obras finalmente no fueron concretadas en los términos acordados.

Del Signore relató que una de sus representadas habría entregado más de $12 millones para acceder a una vivienda de aproximadamente 70 metros cuadrados.

También señaló que recibió consultas de otros posibles damnificados que habrían entregado montos de entre $700 mil y $3 millones, pero que decidieron no iniciar acciones judiciales por los costos o por considerar que la suma perdida no justificaba afrontar un proceso. Esas cifras corresponden a lo informado por el abogado y deberán ser determinadas en cada expediente.

La empresa también enfrenta una quiebra

El frente penal convive con una compleja situación patrimonial en el fuero civil y comercial.

La Justicia de Córdoba informó el 22 de septiembre la declaración de quiebra de Márquez 4 Elementos SRL, luego de considerar que la sociedad atravesaba un estado generalizado y permanente de cesación de pagos.

La resolución incluyó medidas sobre los bienes, documentación contable y cuentas de la empresa.

El panorama mantiene abiertas dos discusiones diferentes: por un lado, la eventual responsabilidad penal de quienes aparecen investigados por las operaciones; por otro, las posibilidades concretas de que los acreedores y compradores recuperen el dinero entregado.

En San Luis, la expectativa de los denunciantes está puesta ahora en la decisión de la Fiscalía provincial sobre los pedidos de formulación de cargos. El avance de la causa cordobesa no reemplaza las investigaciones locales, pero puede aportar elementos y facilitar medidas de cooperación entre ambas jurisdicciones.