POLÉMICA JUDICIAL
El abogado de Cintia Ramírez admitió su estrecha relación con el fiscal de una causa por corrupción
Una declaración del abogado defensor de Cintia Ramírez profundizó la polémica por el cierre de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá en San Luis.
Ramiro Rubio reconoció públicamente que mantiene una “excelente relación” con el fiscal Ricardo Barbeito, el funcionario judicial cuya actuación quedó bajo cuestionamiento luego de que el expediente contra Ramírez y Miguel Ángel Berardo terminara con un sobreseimiento por prescripción.
La afirmación fue realizada durante una entrevista y cobró relevancia en medio de los cuestionamientos por la falta de impulso procesal y las circunstancias que impidieron que la investigación avanzara hacia un juicio.
Una relación que genera interrogantes
Según publicó El Puntano, Rubio admitió su buena relación con Barbeito, quien tenía a su cargo impulsar la investigación contra los exfuncionarios.
La declaración reavivó las preguntas sobre el trámite judicial, especialmente porque la causa terminó cerrada por el vencimiento de los plazos y no por una resolución sobre la responsabilidad de los acusados.
Sin embargo, la existencia de una relación cordial entre un abogado defensor y un fiscal no constituye, por sí misma, una prueba de irregularidad o favorecimiento.
El cuestionamiento central está puesto en las actuaciones procesales que derivaron en la declaración de prescripción.
La decisión judicial que benefició a Ramírez y Berardo
El juez de Garantías N°3, Marcos Flores Leyes, declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez y al exsecretario general de la Gobernación Miguel Ángel Berardo.
Ambos estaban investigados por presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público relacionados con contrataciones realizadas durante los últimos días de la gestión de Rodríguez Saá.
La controversia surgió porque el requerimiento de apertura a juicio había sido confeccionado y firmado antes del vencimiento del plazo, pero el magistrado consideró que no existía una constancia suficiente que acreditara su presentación formal a tiempo.
Esa diferencia sobre la validez del trámite terminó siendo determinante para el sobreseimiento.
Fiscalía de Estado apeló el cierre de la causa
La Fiscalía de Estado cuestionó la resolución judicial y presentó una apelación para intentar revertirla.
El organismo sostiene que el requerimiento de apertura a juicio fue realizado dentro de los plazos legales y que, por lo tanto, la investigación no debería considerarse prescripta.
La decisión del juez todavía está sujeta a revisión.
El sobreseimiento por prescripción no equivale a una declaración de inocencia, ya que impide continuar con la persecución penal sin que necesariamente se haya determinado qué ocurrió con los hechos investigados.
Mientras se resuelve la apelación, las declaraciones del abogado defensor vuelven a poner bajo la lupa la actuación del fiscal Barbeito y las circunstancias que llevaron a que una causa por presunta corrupción quedara sin juicio.
