La Justicia renovó la restricción de acercamiento del sindicalistas de ATE al intendente Hissa

El conflicto entre la Municipalidad de San Luis y los dirigentes de ATE volvió a tener un capítulo en los tribunales.

Este jueves, el juez de Juicio Fernando De Viana resolvió renovar por 120 días la restricción de acercamiento al intendente Gastón Hissa, medida que recae sobre Fernando Gatica, Florencia Mendoza y Walter Barroso, los tres imputados por los daños ocasionados al edificio municipal durante la violenta toma de enero de 2024.

La decisión se adoptó luego de una audiencia convocada a pedido del abogado querellante Cristóbal Ibáñez, representante del Municipio, quien alertó sobre nuevas amenazas de protesta del gremio en la previa de la celebración por el Día del Empleado Municipal.

“Recibimos advertencias de que intentarían irrumpir en la fiesta, lo que representa un riesgo para el intendente y los trabajadores. Pedimos garantizar la paz social y el normal desarrollo del evento”, argumentó Ibáñez ante el magistrado.

El fiscal Fernando Rodríguez intervino en la audiencia y, aunque no objetó la continuidad de la medida, señaló que “no es saludable judicializar conflictos de índole política”.

Por su parte, el defensor Francisco Guasconi —representante de los acusados— se opuso al pedido y calificó la restricción como “un capricho apresurado”. Alegó que no existen hechos nuevos que justifiquen la renovación y sostuvo que Hissa no figura como damnificado directo en la causa, caratulada como “daños a bienes del Estado”.

Tras un breve cuarto intermedio, el juez De Viana dispuso mantener la medida cautelar por cuatro meses. “Las circunstancias lo ameritan. Hay un estado avanzado del proceso y se verifican los requisitos para una medida de este tipo”, fundamentó el magistrado.

Gatica, Mendoza y Barroso enfrentarán el juicio oral el 27 de marzo de 2026, acusados de daños a bienes del Estado, con una pena provisoria de dos años de prisión.
Según la querella, los destrozos ocasionados en el edificio municipal fueron valuados en más de seis millones de pesos, de los cuales $2 millones corresponden a daños materiales y $4 millones a salarios de empleados que no pudieron cumplir tareas durante la toma.

El juez también recordó que esta es la quinta restricción impuesta desde el inicio del proceso y advirtió que “las conductas intimidatorias hacia autoridades o empleados públicos no serán toleradas”.