Alberto Rodríguez Saá pierde otra ficha: su exministro Freixes irá preso

- Un fallo que atraviesa 20 años de poder -

Veinte años después de los hechos y tras recorrer todos los escalones del sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión para Sergio Gustavo Freixes, exministro de Legalidad de San Luis, y Mario Edgar Zavala, su viceministro.

Ambos integraban el gobierno de Alberto Rodríguez Saá cuando, según acreditó la Justicia federal, montaron un esquema para condicionar jueces y futuros magistrados: les exigían firmar su renuncia anticipada, sin fecha, como condición para acceder al cargo. Esa “renuncia en blanco” quedaba en manos del Ejecutivo provincial, lista para ser usada si el juez se desviaba de la línea política oficial.

No se trató de un exceso aislado, sino de un mecanismo de disciplinamiento institucionalizado que, en su momento, llevó incluso a que en el Congreso de la Nación se analizara la intervención del Poder Judicial de San Luis.

La jueza que dijo “no” y dinamitó el sistema

La causa nació a partir de la denuncia de la abogada Marina Ziliotto, quien había concursado y sido designada como jueza de Cámara. Para llegar al cargo, le exigieron lo mismo que al resto de los aspirantes: firmar una nota de renuncia sin fecha, dirigida al gobernador de la Provincia, dejando su permanencia en manos del poder político.

Con el cargo ya asumido, la presión escaló. De acuerdo con la sentencia, la convocaron desde el Ministerio de Legalidad para imponerle una tarea:

• desprestigiar públicamente a sus dos colegas de la Cámara de Apelaciones
  
  
• sumarse a un pedido de jury contra ellos

Si se negaba, la amenaza era clara: harían efectiva esa renuncia anticipada que ella había firmado bajo presión. Ziliotto se negó, rompió el silencio y denunció la maniobra. Ese gesto individual terminó exponiendo un sistema de miedo que involucraba a otros aspirantes a jueces.

“La maniobra ilícita consistió en el sometimiento de los magistrados del Poder Judicial de esa provincia a los designios del Poder Ejecutivo”, resumió el Ministerio Público Fiscal en su dictamen, al describir el funcionamiento de este mecanismo.

Cómo operaba el disciplinamiento: la fábrica de jueces dóciles

El esquema no fue improvisado. A partir de cambios en la Ley Orgánica y en el sistema de selección de jueces provincial, en 2004 el Ministerio de Legalidad pasó a tener un papel central en el proceso de designación de magistrados. Desde esa posición, según la causa, condicionaban la elevación de pliegos al Senado a la firma previa de la renuncia anticipada.

El mecanismo era sencillo y brutal:

• El aspirante a juez concursaba y resultaba elegido en una terna.
  
  
• Era convocado al Ministerio de Legalidad.
  
  
• Se le exigía firmar una renuncia al cargo sin fecha.
  
  
• Se lo advertía de que, si no firmaba, su pliego no llegaría al Senado.
  
  
• Una vez en funciones, quedaba atado a ese documento, que podía activarse si sus sentencias o posiciones incomodaban al poder político.

Así, la “renuncia anticipada” se convertía en una espada de Damocles sobre la cabeza de los magistrados, un sistema para garantizar jueces dóciles y alineados con el Ejecutivo.

No era una sospecha aislada: un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación de aquellos años ya describía como “práctica sistemática, masiva y coactiva” la presentación de renuncias sin fecha como condición para designar jueces y funcionarios judiciales en San Luis.

Del Tribunal Oral a la Corte Suprema: una causa que no se cayó

El 1° de noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó a Freixes y Zavala a cinco años de prisión como coautores de los delitos de amenazas coactivas y amenazas agravadas, previstos en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal. Fueron absueltos por uno de los hechos, pero esa no sería la última palabra.

Las defensas apelaron para lograr la absolución total. La fiscalía, en cambio, pidió avanzar también sobre el hecho del 28 de octubre de 2004, cuando los entonces ministro y viceministro de Legalidad convocaron a Ziliotto y a otros aspirantes de la terna para exigirles la renuncia anticipada, bajo amenaza de bloquear sus pliegos en el Senado.

En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal los condenó también por ese segundo hecho y elevó la pena a seis años de prisión, al encuadrar la conducta como amenaza coactiva agravada.

Nuevas apelaciones llevaron el expediente a otra sala de Casación, que volvió a confirmar las condenas. Finalmente, las defensas recurrieron “en queja” ante la Corte Suprema, invocando el principio de ne bis in ídem, la supuesta violación de la garantía de plazo razonable y la desproporción de la pena.

Pero la Corte, a través de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los planteos por inadmisibles, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite rechazar recursos sin entrar al fondo cuando no muestran agravio suficiente.

Con esa decisión, la condena quedó firme. Ya no hay más instancias: Freixes y Zavala deben ser detenidos y cumplir la pena en prisión.

Poder Ciudadano y la señal institucional

En el expediente intervino también la organización Poder Ciudadano, que presentó un amicus curiae para marcar que el caso trascendía a las personas de Freixes, Zavala o Ziliotto, y tocaba un nervio mucho más profundo:

• la forma republicana de gobierno
  
  
• la independencia del Poder Judicial
  
  
• y el derecho humano de acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía.

La organización remarcó que el uso de renuncias anticipadas no era solo un abuso administrativo, sino un ataque estructural a la división de poderes: si el Ejecutivo puede remover jueces con una simple nota firmada bajo coerción, deja de existir cualquier límite serio a su poder.

El espejo incómodo del “modelo San Luis”

El fallo de la Corte no solo cierra un expediente: abre un espejo incómodo sobre el llamado “modelo San Luis” y su relación con la Justicia. Durante años, el control político sobre el Poder Judicial fue denunciado por jueces, fiscales, organizaciones de derechos humanos y hasta por comisiones del Senado nacional, que advirtieron sobre la parálisis y la pérdida de independencia del sistema judicial provincial.

El caso Freixes–Zavala es, en ese sentido, una radiografía brutal de cómo se construye un poder sin contrapesos:

• se controla el acceso a los cargos,
  
  
• se condiciona la permanencia con renuncias en blanco,
  
  
• se premia la obediencia y se castiga la disidencia,
  
  
• y se envía un mensaje a todo el sistema: “el que se sale de la fila, pierde el puesto”.

La sentencia firme de la Corte llega veinte años después, pero llega. Y deja una huella política evidente: por primera vez, la Justicia federal condena con pena de prisión efectiva a funcionarios de alto rango por atacar, de frente, la independencia de los jueces en San Luis.

¿Y ahora qué?

Con la condena firme, corresponde que se materialice la detención de Sergio Freixes y Mario Zavala para que comiencen a cumplir los seis años de prisión impuestos por la Justicia. No se trata ya de un debate académico, sino de la ejecución de una sentencia que lleva años de recorrido.

El caso, que empezó como una “historia interna” del Poder Judicial puntano, terminó en el máximo tribunal del país, con una definición contundente:

• obligar a jueces a firmar su renuncia anticipada es delito,
  
  
• usar el miedo para domesticar magistrados es delito,
  
  
• y someter la Justicia a los caprichos del poder político es delito.

En una provincia acostumbrada a convivir con denuncias de feudo político, el mensaje trasciende a los protagonistas de este expediente. Es una señal hacia adelante: lo que durante años se toleró como “práctica del sistema”, hoy se escribe en el código penal como lo que siempre fue: coacción, amenaza y corrupción del orden republicano.