Cayó el operador jurídico del rodriguezsaaísmo: Freixes ya está preso por apretar jueces
La madrugada de este sábado no fue una más en la política y la Justicia de San Luis. A las 2 de la mañana, escoltado por una comisión de la Policía Federal de Villa Mercedes, el ex ministro de Legalidad Sergio Gustavo Freixes cruzó las rejas del Servicio Penitenciario Provincial y quedó alojado en la Unidad 1 como condenado.
No fue por un hecho menor: la causa que lo llevó a la cárcel probó que, desde el poder, se presionaba a jueces para que firmaran su renuncia por adelantado, antes de asumir el cargo, como mecanismo de control político sobre el Poder Judicial.
El ingreso de Freixes al penal ocurrió pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara su recurso de queja y dejara firme la condena a seis años de prisión dictada por la Justicia Federal. Con ese fallo, se cerró la puerta de las instancias extraordinarias y se abrió otra: la del pabellón.
El sistema que disciplinaba jueces
La causa se originó en los años 2004 y 2005, durante el primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Las denuncias describieron un mecanismo tan simple como brutal: a los magistrados seleccionados por concurso se les exigía firmar su renuncia anticipada, en blanco, como condición para elevar sus pliegos al Senado.
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La renuncia, sin fecha, quedaba como una espada colgando sobre cada juez: una forma de decirles, en los hechos, que el cargo era revocable si dejaban de ser “confiables” para el poder político.
El sistema quedó al desnudo cuando la abogada Gretel Diamante presentó una denuncia y la por entonces jueza de Cámara Marina Ziliotto decidió contar todo. Ziliotto había accedido a su cargo mediante concurso, pero antes de asumir recibió exigencias que nada tenían que ver con la independencia judicial:
- debía acompañar un pedido de jury contra dos colegas de la Cámara de Apelaciones,
- y sobre todo, aceptaba que su continuidad quedara atada a esa renuncia anticipada firmada sin fecha, que podía activarse si no obedecía.
Lo que el expediente reconstruyó fue el funcionamiento de un sistema de condicionamiento estructural: no se trataba solo de un papel, sino de un mensaje. El juez que no se alineaba, sabía que podía perder el cargo con un chasquido de dedos.
De la condena inicial al último portazo de la Corte
El 1º de noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó a Freixes como coautor de los delitos de amenazas coactivas y amenazas agravadas, tipificados en los artículos 149 bis (segundo párrafo) y 149 ter, inciso 2°, apartado a) del Código Penal.
En esa primera sentencia fue absuelto por uno de los dos hechos investigados. Pero en 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revisó el fallo, lo condenó también por el segundo hecho y elevó la pena a seis años de prisión.
La defensa volvió a apelar, y el expediente tuvo una nueva revisión en Casación, que confirmó la responsabilidad penal del ex funcionario. Quedaba la última carta: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su recurso de queja, Freixes pidió la revisión integral de la sentencia, cuestionó la calificación legal, el monto de la pena y denunció presuntas vulneraciones al principio de ne bis in ídem y al plazo razonable del proceso, que llevaba ya casi veinte años.
Pero el máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos por inadmisibles, amparándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una fórmula breve pero contundente: no hay cuestión federal que justifique abrir el caso.
Con ese pronunciamiento, la condena quedó firme. El Tribunal Oral Federal de San Luis ordenó la inmediata detención de Freixes, se cumplió el traslado y se certificó el comienzo de la ejecución de la pena.
Una foto que habla del derrumbe de un modelo
Las imágenes del ex ministro de Legalidad –pieza clave en el andamiaje institucional de la era Rodríguez Saá– ingresando a la cárcel tienen una carga simbólica que va más allá de un solo expediente.
Por primera vez, uno de los operadores jurídicos centrales de ese esquema de poder termina privado de su libertad por un mecanismo que, según la propia Justicia, fue diseñado para doblegar a jueces y alinear al Poder Judicial con los intereses del Ejecutivo.
Lo que el caso Freixes deja documentado es que, detrás del discurso de “institucionalidad”, funcionaba un sistema paralelo de aprietes:
- jueces que firmaban su renuncia antes de estrenar el despacho,
- amenazas veladas de activarla si no acompañaban ciertas decisiones,
- y la utilización del jury como herramienta para disciplinar.
No se trata, solamente, de un ex ministro que cayó en desgracia. Es la condena a un método que durante años rigió en San Luis y que hoy aparece, por primera vez, cuestionado con una sentencia firme y una celda de por medio.
Casi veinte años para una condena ejemplar
El expediente, que atravesó cambios de gobierno, de clima político y de correlación de fuerzas, tardó casi dos décadas en llegar a su punto final. En ese tiempo, el sistema de poder que lo alumbró pareció intocable.
La firmeza de la condena y el encarcelamiento efectivo de Freixes cierran una historia larga, pero abren otra:
- ¿Qué pasará con otros funcionarios que participaron de prácticas similares?
- ¿Cómo impactará esto en las causas que investigan injerencia política en la Justicia y manejo discrecional de estructuras del Estado?
- ¿Qué mensaje le deja al resto del sistema judicial, en una provincia donde durante más de 40 años se repitió el mismo apellido en la cima del poder?
Por lo pronto, la foto de este sábado tiene un peso histórico: el hombre que durante años fue uno de los guardianes legales del rodriguezsaaísmo ahora duerme en una celda común, condenado por apretar jueces.
La estructura que parecía eterna empezó a mostrar, ya sin metáfora, sus primeras paredes derrumbadas.
