San Luis expulsó a 21 extranjeros por delitos graves y hay nuevos casos listos para ejecutar

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) contabilizó en San Luis la expulsión de 21 extranjeros desde 2017 por delitos considerados graves, en un universo dominado por ciudadanos de países limítrofes y del Mercosur. Según el relevamiento, los antecedentes incluyen causas por narcotráfico, abusos sexuales contra menores, homicidios, estafas, robos y hurtos, entre otros hechos que derivaron en condenas o procesos judiciales de alto impacto.

El dato se conoce en un contexto nacional de mayor endurecimiento de controles migratorios y procedimientos más ágiles. La reforma del régimen, instrumentada por el DNU 366/2025, amplió causales de inadmisión y permanencia, reforzó mecanismos para cancelar residencias y habilitó herramientas para acelerar expulsiones en casos determinados.

En la provincia, Migraciones detalló que actualmente hay extranjeros involucrados en causas penales, algunos con condena y otros en trámite, además de personas privadas de libertad. También indicó que existen casos de extrañamiento en condiciones administrativas para ejecutarse durante el año y más de 50 personas identificadas en situación migratoria irregular, un universo que —según el organismo— puede evitar la expulsión si regulariza su estatus y no registra antecedentes penales.

Quién expulsa y qué rol juega la Justicia

Migraciones remarcó que la expulsión no es discrecional: la DNM es el único organismo con facultad legal para disponerla, pero su ejecución queda condicionada por la situación judicial. Cuando hay una causa penal en curso o una condena, se requiere coordinación con el Poder Judicial: si la Justicia mantiene “interés” sobre la persona —por investigación, juicio o cumplimiento de pena—, el procedimiento no se efectiviza.

En términos generales, el extrañamiento suele evaluarse cuando el condenado cumplió al menos la mitad de la pena, etapa en la que también se revisan beneficios penitenciarios. A partir de allí, y una vez autorizado, la expulsión se concreta bajo custodia de fuerzas de seguridad hasta el cruce de frontera, muchas veces con vuelos comerciales y acompañamiento oficial.

El jefe de la delegación de Migraciones en San Luis, Pablo Mascareño, sintetizó el criterio operativo con una línea que busca marcar un límite: “Un delito de poca importancia no lleva a una expulsión, pero un delito grave sí”. En paralelo, explicó que la política distingue entre extranjeros con antecedentes —donde procede el extrañamiento— y quienes están irregulares sin antecedentes, a quienes se les suele dar una “última oportunidad” para regularizar su situación.

El contexto nacional y el foco en antecedentes

A nivel país, el Gobierno informó que en los últimos meses se intensificaron controles en fronteras, aeropuertos y puertos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que casi 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados en un período bimestral, cifras que atribuyó al refuerzo de operativos y a un giro más estricto en la política migratoria.

Con ese marco, San Luis aparece como una jurisdicción donde el trabajo de articulación entre Migraciones y la Justicia —provincial y federal— busca reducir demoras y “zonas grises” procesales. El desafío, plantean en el organismo, es sostener el debido proceso y las garantías, pero sin que los expedientes queden años en un limbo administrativo.