Siete expulsiones clave por narcotráfico, abuso y homicidio en San Luis

San Luis acumula, desde 2017, 21 expulsiones de ciudadanos extranjeros condenados por delitos de gravedad, un número que volvió al centro del debate público por el endurecimiento de la política migratoria y la agenda de “extrañamientos” que Migraciones busca acelerar en coordinación con la Justicia. La delegación local informó además que persisten procesos en trámite y nuevas situaciones bajo análisis administrativo.

En ese marco, Migraciones expuso que en la provincia hay extranjeros involucrados en causas penales, algunos detenidos, y que existen casos de extrañamiento que podrían ejecutarse durante el año, siempre condicionados por la autorización judicial y el estado de las condenas. La lógica es conocida: la expulsión no se aplica de forma automática, sino cuando el expediente penal lo permite.

Entre las expulsiones más relevantes, sobresale la de Rodrigo Orellana Ramírez, ciudadano chileno condenado por robos reiterados cometidos en la Villa de Merlo, cuya salida del país se concretó tras el cumplimiento de la pena. El caso fue uno de los que Migraciones destacó como ejemplo de expulsión posterior a una condena firme por delitos contra la propiedad.

En la lista aparece también Rolando Asturizaga Morales, ciudadano boliviano condenado por narcotráfico e identificado en el expediente como integrante de una organización vinculada a transporte y comercialización de estupefacientes. Su expulsión se ejecutó como parte de una política de extrañamiento aplicada a condenados por infracción a la ley de drogas.

Otro caso de narcotráfico que Migraciones incluyó entre los antecedentes de alto impacto fue el del paraguayo Benjamín Acosta Garcete, condenado por el Tribunal Oral Federal de San Luis tras un procedimiento en ruta nacional 7 donde se secuestró cocaína. La condena penal derivó en la cancelación de su situación migratoria y la orden de expulsión.

En el plano de delitos violentos, se destacó el extrañamiento de Daniel “el uruguayo” Martínez, condenado a perpetua por el homicidio del kinesiólogo Darío Gramaglia, un crimen que conmocionó a la provincia y que tuvo como escenario el dique La Florida. Según el registro, la expulsión se concretó cuando el condenado estaba próximo a acceder a beneficios penitenciarios.

En materia de delitos sexuales, Migraciones consignó la expulsión del ciudadano italiano Gabrielle Rubbiani, condenado por abuso sexual contra su hija, con una pena que fue elevada en instancia judicial. En la reconstrucción oficial, la sanción penal fue el punto de apoyo para cancelar la residencia y disponer la prohibición de reingreso.

También figura el caso del peruano Jonathan Jiménez, condenado por acoso a una adolescente e incumplimiento reiterado de una orden de restricción. La condena derivó en el proceso administrativo de expulsión, en un expediente donde el contacto por redes sociales y la insistencia pese a la prohibición judicial fueron elementos determinantes.

La nómina se completa con uno de los hechos más emblemáticos de narcotráfico de los últimos años: Ernesto Ubaldin Flores Huallpa, ciudadano boliviano condenado por el traslado de casi 66 kilos de cocaína ocultos en un vehículo. La incautación del cargamento fue informada en su momento por el Gobierno provincial y, ya con condena, Migraciones avanzó en la orden de extrañamiento.

Detrás de cada expulsión hay un procedimiento legal y tiempos específicos: Migraciones es el organismo competente para disponer la medida, pero su ejecución queda atada al expediente penal y a la conformidad judicial cuando existe condena o proceso en curso. Con el DNU 366/2025, el Gobierno nacional introdujo cambios para ampliar causales y agilizar decisiones administrativas, aunque cada caso se tramita de manera individual y con derecho de defensa.