CORRUPCIÓN EN EL MOLINO FÉNIX
Denunciaron penalmente a los abogados de Anabela Lucero por presuntas maniobras en la cárcel
Los abogados de la exdiputada provincial Anabela Lucero, Adriel Cabello y Esteban Bustos, fueron denunciados penalmente por presuntas irregularidades cometidas durante las visitas a su defendida en el Servicio Penitenciario Provincial, donde permanece detenida por la causa que investiga hechos de corrupción en el Molino Fénix.
La presentación fue realizada ante la Unidad de Abordaje Fiscal por la directora del establecimiento penitenciario, Karina Mantelli, quien advirtió sobre posibles maniobras destinadas a vulnerar los controles de seguridad, entorpecer el proceso judicial e intentar influir sobre el personal carcelario.
Según la denuncia, los hechos incluyen el uso de un teléfono celular para realizar llamadas no autorizadas y presuntas irregularidades en los registros médicos de la exlegisladora.
Las llamadas no autorizadas y los elementos sospechosos
Uno de los episodios señalados ocurrió el 16 de septiembre, alrededor de las 17:41, durante una entrevista entre Lucero y sus defensores en el salón de visitas de la Unidad N.º 4, correspondiente a la cárcel de mujeres.
De acuerdo con la presentación, una agente penitenciaria observó movimientos sospechosos y constató que los abogados habrían facilitado un teléfono celular a la detenida en más de una oportunidad.
La denuncia también menciona la presencia de un par de anteojos que, según las autoridades, podrían ser inteligentes.
El episodio ya había motivado una presentación contra los profesionales ante el Colegio de Abogados.
Mantelli advirtió que las presuntas comunicaciones no autorizadas podrían representar un riesgo para la investigación judicial y la seguridad del establecimiento. La denuncia también plantea la posibilidad de que se hubiera intentado generar algún tipo de connivencia con agentes penitenciarios.
Investigan una posible adulteración de controles médicos
Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con la huelga de hambre que mantiene Lucero.
Según las autoridades penitenciarias, una investigación interna detectó inconsistencias en los registros de peso corporal elaborados por el área de Sanidad Central.
La sospecha de los denunciantes es que se habría intentado presentar un deterioro físico mayor al real para conseguir una modificación de las condiciones de detención de la exdiputada, como el otorgamiento de prisión domiciliaria.
Durante la audiencia judicial del viernes, el representante de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, sostuvo que estas presuntas irregularidades podrían constituir una maniobra de estafa procesal.
Las acusaciones deberán ser investigadas judicialmente para determinar si existieron alteraciones deliberadas de los registros y establecer eventuales responsabilidades.
Lucero continuará detenida durante otros 90 días
Las presuntas irregularidades fueron expuestas durante la audiencia en la que se analizó la continuidad de la prisión preventiva de Lucero, su hermano Enzo y su cuñado Exequiel Scarel.
El Ministerio Público Fiscal, encabezado por José Olguín, y la querella solicitaron extender las detenciones por cuatro meses, al considerar que persistían los riesgos de entorpecimiento de la investigación.
Finalmente, el juez Santiago Ortiz resolvió prorrogar la prisión preventiva por 90 días.
La causa principal investiga un presunto desvío de fondos públicos del Molino Fénix durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Lucero y otros imputados están acusados de integrar una organización que habría cometido delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de evidencia.
La nueva denuncia contra los abogados abre otra línea de investigación, vinculada con las condiciones de detención de la exlegisladora y las presuntas maniobras denunciadas por las autoridades penitenciarias.