La reforma laboral endurece sanciones por bloqueos y limita las asambleas sindicales

El Gobierno nacional avanzó un paso más en su agenda de reformas y envió al Senado un proyecto de reforma laboral que introduce un capítulo específico para endurecer las sanciones ante bloqueos, tomas de establecimientos y otras medidas de acción directa que afecten el funcionamiento de las empresas.

La iniciativa apunta en particular a prácticas de protesta que, según argumentan desde la Casa Rosada y sectores empresarios, se volvieron recurrentes en los últimos años, con especial énfasis en los bloqueos impulsados por gremios como Camioneros y su impacto sobre las pymes.

Dentro del oficialismo, una de las principales impulsoras de este enfoque es la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que desde hace años promueve medidas contra los bloqueos y ha sumado a las listas legisladores vinculados a movimientos “antibloqueos”, como la diputada Verónica Razzini.

El texto considera “infracciones muy graves” provocar, instar u organizar el bloqueo o la toma de un establecimiento, así como impedir u obstruir parcial o totalmente el ingreso o egreso de personas o mercaderías. También tipifica como falta grave la generación de daños sobre bienes de la empresa o de terceros, o la retención indebida de insumos, herramientas o materias primas.

Verificadas estas conductas como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable podrá ser sancionada según los parámetros que establezca la reglamentación, una vez cumplido el procedimiento previsto por la autoridad de aplicación. Ello se hará “sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales” que pudieran corresponder, indica el proyecto.

En paralelo, la iniciativa introduce cambios sensibles en la regulación de las asambleas. Las asociaciones sindicales deberán contar con autorización previa del empleador para su realización, definiendo de antemano el horario, la duración y el lugar, en caso de que se lleven a cabo dentro del establecimiento. El texto aclara, además, que el trabajador no devengará salario durante el tiempo que dure la asamblea.

El proyecto también incorpora como práctica desleal la utilización de asambleas u otras medidas de acción directa que, convocadas en violación de las nuevas reglas, interfieran deliberadamente en el desenvolvimiento de la actividad empresaria.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de conformar sindicatos por empresa, con un mecanismo más ágil para la obtención de personería gremial por parte de estas organizaciones. En cuanto a la actividad cotidiana, se establece un límite de diez horas mensuales de crédito horario para que los delegados del personal ejerzan sus funciones gremiales.

La propuesta abre un nuevo frente de debate entre el oficialismo, la oposición y el movimiento obrero organizado, que ya anticipó cuestionamientos a un texto que, advierten, modifica de manera profunda el ejercicio de la protesta y la dinámica de la negociación colectiva en los lugares de trabajo. El Senado será ahora el escenario donde se definirá el alcance real de estos cambios.