Impulsan una ley para que motociclistas imprudentes paguen los daños que provoquen

El Gobierno provincial prepara un proyecto de ley orientado a endurecer las consecuencias para motociclistas que circulen con conductas imprudentes y pongan en riesgo la seguridad pública. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, anticipó que pondrá la iniciativa a consideración del gobernador Claudio Poggi para que luego sea enviada a la Legislatura.

El eje del texto apunta a que quienes realicen maniobras peligrosas en la vía pública “se hagan cargo de los daños que puedan ocasionar”, no solo respecto de su propia integridad física sino también frente a terceros y a quienes intervienen en los operativos de prevención.

La confirmación llegó durante una visita de la ministra a Villa Mercedes, en un contexto en el que la Policía de San Luis viene intensificando controles sobre motociclistas, a partir de intervenciones por picadas clandestinas, ruidos molestos, desorden urbano y episodios que —según remarcan desde la fuerza— elevan el riesgo de siniestros viales.

“Tenemos que terminar con este garantismo o este romanticismo por el garantismo que va destruyendo la convivencia social. Este es un fenómeno que ocurre en todo el país”, afirmó Sosa en declaraciones a la prensa. En la misma línea, señaló que la estrategia debe combinar prevención y sanciones: primero, “llamar a la conciencia”, y luego “ser contundente a la hora de sancionar”.

Los operativos recientes expusieron el alcance del problema, especialmente por la participación de menores de edad al volante. En el primer fin de semana del año, en La Ribera, la Policía secuestró nueve motocicletas, tres de ellas conducidas por menores, y también incautó un automóvil. Los vehículos presentaban irregularidades, se labraron actas y el procedimiento permitió desarticular presuntas picadas clandestinas.

En la ciudad de San Luis, la fuerza intervino en reiteradas oportunidades por las denominadas “juntadas de motos”, que generan desorden, ruidos y tensión con los vecinos. Una de esas concentraciones, ocurrida el 27 de diciembre, derivó en una investigación posterior.

En paralelo, en el marco del Operativo de Verano, sobre la ruta provincial 18 —en el tramo que conecta Juana Koslay con Potrero de los Funes— se retuvieron 13 motos y se detectaron dos motociclistas alcoholizados, según el reporte del procedimiento.

La problemática también tuvo derivaciones judiciales. En San Luis, la Justicia tomó intervención tras el robo de conos de seguridad vial utilizados durante operativos. Hubo allanamientos y se identificó a los responsables, que incluso se exhibieron en redes sociales, de acuerdo a la información surgida de la investigación.

Con este panorama, el Ejecutivo busca dotar al Estado de una herramienta legal que refuerce los controles y fije responsabilidades concretas. El proyecto será presentado al gobernador y, si avanza, deberá ser debatido en la Legislatura, en un escenario atravesado por la demanda social de mayor orden y prevención en calles y rutas.