Justicia
Imputabilidad a los 14: Poggi dijo que hará falta un régimen y lugares diferenciados
El gobernador Claudio Poggi se manifestó a favor del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años en la Argentina, y advirtió que su implementación demandará inversiones e infraestructura específica en las provincias.
La norma, Ley 27.801, fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y promulgada el lunes 9 de marzo. Con ese cambio, se reemplaza el régimen vigente desde 1980, que fijaba la imputabilidad a partir de los 16 años.
Consultado sobre el impacto en San Luis, Poggi remarcó que el sistema aún requiere pasos previos para su puesta en marcha. “Hay que reglamentarla y dentro del presupuesto nacional figurará una partida presupuestaria… para apoyar a las provincias para crear la infraestructura”, sostuvo, en referencia a la asistencia que, según lo anunciado, acompañaría la aplicación del nuevo régimen.
El mandatario subrayó que la ley prevé un esquema diferenciado para menores, con condiciones específicas. “Es una infraestructura separada, es un régimen separado, como corresponde. Pero estoy de acuerdo con la ley”, afirmó.
En ese marco, indicó que San Luis no cuenta hoy con espacios específicos destinados a alojar adolescentes alcanzados por este tipo de medidas, por lo que la adecuación implicará definir dispositivos y ámbitos diferenciados de los del sistema penitenciario común.
Poggi también vinculó la discusión con el crecimiento de la población carcelaria provincial. Según detalló, al inicio de la gestión había 880 internos y actualmente hay poco más de 1100, un incremento que atribuyó, en parte, a causas vinculadas a delitos federales. “Muchos por delitos federales… producto de delitos federales que vienen de la droga”, señaló.
Con ese diagnóstico, indicó que el Gobierno provincial avanza en obras para ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario, entre ellas trabajos en el sector destinado a mujeres, mientras se aguarda la reglamentación de la ley y la definición de recursos para implementar el nuevo régimen juvenil.
El debate abre ahora una etapa clave: la letra sancionada deberá traducirse en procedimientos, presupuestos y estructuras concretas para evitar que el cambio normativo quede limitado a lo declarativo y pueda aplicarse con garantías y criterios diferenciados para adolescentes.