El Senado dio media sanción a la ley de Propiedad Privada con cambios clave

Después de una extensa sesión que terminó durante la madrugada de este viernes, el Senado dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para modificar las reglas sobre desalojos, expropiaciones y registración de inmuebles.

La votación general terminó con 37 votos afirmativos y 33 negativos, luego de una negociación que obligó a La Libertad Avanza a retirar dos de los capítulos que habían generado mayor resistencia entre la oposición y algunos bloques dialoguistas. El proyecto continuará ahora su trámite en la Cámara de Diputados.

El primero de los puntos eliminados fue el referido a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. El oficialismo había intentado flexibilizar los límites vigentes y, en una de las últimas versiones, elevar del 15% al 25% el porcentaje permitido, pero la falta de respaldo de varios gobernadores y senadores aliados terminó dejando ese capítulo afuera.

Durante el debate también cayó la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, que pretendía flexibilizar las restricciones para cambiar el destino productivo de determinados terrenos después de un incendio. El rechazo de sectores opositores y legisladores provinciales obligó al oficialismo a retirar ese apartado antes de la votación definitiva.

La iniciativa que consiguió avanzar conserva, sin embargo, cambios importantes en materia de desalojos. Para los inmuebles usurpados o bajo tenencia precaria, el juez podrá disponer una restitución acelerada cuando el propietario acredite documentalmente su derecho sobre el bien.

En esos casos, el magistrado podrá intimar a devolver la propiedad dentro de las 72 horas. Para los contratos de alquiler con falta de pago, en cambio, se mantiene una instancia previa: el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino y otorgarle al menos 10 días corridos para regularizar la deuda. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar la acción judicial correspondiente.

El texto también contempla situaciones en las que existan niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad dentro del inmueble. En esos casos deberán intervenir los organismos de protección correspondientes para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin impedir la continuidad del proceso judicial.

Otro de los cambios centrales alcanza al régimen de expropiaciones. El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá estar debidamente fundada y dispone nuevas pautas para determinar la indemnización que deberá pagar el Estado.

Durante las negociaciones en comisión se incorporó un límite del 30% para el reconocimiento del lucro cesante, salvo situaciones que permitan acreditar un perjuicio diferente. También se modificó el mecanismo para calcular intereses y se reforzó el principio de que no habrá transferencia definitiva del dominio sin el pago de la indemnización.

La iniciativa habilita además una mayor digitalización de los trámites ante los registros inmobiliarios y modifica aspectos del régimen de regularización dominial para facilitar el acceso a escrituras en determinados casos de posesión prolongada.

El Gobierno defendió el proyecto bajo el argumento de fortalecer la seguridad jurídica, acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y establecer reglas más previsibles frente a las expropiaciones. La oposición, por su parte, cuestionó especialmente la reducción de los tiempos para los desalojos y las mayores restricciones impuestas al Estado para expropiar.

La sesión estuvo acompañada por una protesta frente al Congreso. Durante la tarde y la noche se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con lanzamiento de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. Fuentes oficiales reportaron diez detenidos y al menos cinco heridos.

La aprobación representa una victoria legislativa para el oficialismo, aunque con un proyecto considerablemente más acotado que el enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo. Los capítulos sobre tierras extranjeras y Manejo del Fuego quedaron afuera y, por ahora, continuarán vigentes las restricciones actuales.

La discusión se trasladará ahora a Diputados. Recién si esa Cámara aprueba el texto sin modificaciones podrá convertirse en ley; si introduce cambios, la iniciativa deberá regresar al Senado.