Malvinas: el Gobierno denunciará a otras cinco petroleras y ya hay 60 investigados

El Gobierno argentino ampliará la ofensiva judicial contra empresas petroleras vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y anunció nuevas denuncias penales que alcanzarán a otras cinco compañías y a las personas que hayan intervenido en las decisiones cuestionadas.

Según informó la Oficina del Presidente, las presentaciones no se limitarán a las empresas. También buscarán identificar a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan participado en las operaciones denunciadas. Las acciones podrán derivar tanto en ampliaciones de causas que ya están en trámite como en nuevos expedientes.

Las cinco firmas alcanzadas por esta nueva presentación son Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.

Ya existe una primera denuncia

Las nuevas acciones se sumarán a una denuncia penal presentada el lunes por la Cancillería, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, contra otras cinco compañías vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.

En esa presentación fueron incluidas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El Gobierno argentino cuestiona que estas compañías desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona bajo licencias otorgadas por autoridades británicas, que la Argentina considera ilegítimas por tratarse de un territorio cuya soberanía reclama.

60 personas y empresas bajo investigación

La ofensiva judicial forma parte de un esquema de sanciones más amplio. Según los datos difundidos por el Ejecutivo, ya son 60 las personas físicas y jurídicas alcanzadas por procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659.

La norma, sancionada en 2011, establece restricciones para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de la autoridad competente y contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para los responsables.

A comienzos de septiembre, además, el Gobierno publicó el Decreto 868/2026, que busca acelerar los procedimientos administrativos vinculados con estas infracciones.

El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa

El endurecimiento de las medidas ocurre mientras avanza el proyecto Sea Lion, una iniciativa offshore encabezada por Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

El proyecto contempla una inversión de alrededor de US$2.200 millones y, según estimaciones difundidas por Reuters, podría comenzar a producir en 2028, con una capacidad inicial cercana a los 50.000 barriles diarios.

La Argentina sostiene que la explotación de recursos hidrocarburíferos en el área sin autorización nacional viola la legislación vigente y constituye una afectación a sus derechos de soberanía.

En paralelo, el Gobierno anunció otras medidas vinculadas con la cuestión Malvinas, entre ellas el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la decisión de priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027.

La escalada judicial agrega así un nuevo capítulo a la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur y apunta directamente contra las empresas que participan, directa o indirectamente, de proyectos hidrocarburíferos en el área en conflicto.