Un imputado complicó a Anabela Lucero y relató cómo se habrían usado bienes y fondos del Molino Fénix

Uno de los imputados en la causa que investiga el presunto vaciamiento del Complejo Molino Fénix declaró ante la Justicia y aportó información sobre distintos hechos que el Ministerio Público Fiscal atribuye a la exdiputada provincial Anabela Lucero y al actual legislador Joaquín Beltrán.

Se trata de Diego Torres, quien se desempeñaba en el área contable del complejo. Su declaración se produjo el jueves, cuando vencía la prórroga de su detención y la Fiscalía había solicitado que se dictara prisión preventiva en su contra.

Durante varias horas, Torres respondió preguntas del juez de Garantía Santiago Ortiz y relató cómo, según su versión, se tomaban decisiones, se realizaban pagos y se retiraban bienes y documentación de dependencias vinculadas al Molino Fénix y la Casa de la Música.

Al finalizar la audiencia, el magistrado dispuso que el imputado cumpla dos meses de prisión domiciliaria.

El retiro de los muebles

Uno de los episodios sobre los que declaró fue el retiro de mobiliario del Molino Fénix ocurrido entre la noche del 15 de junio de 2023 y la madrugada del día siguiente.

Según Torres, los bienes fueron cargados en un tráiler y trasladados hasta una sede partidaria ubicada en Pringles y Bolivia, donde funcionaba un espacio relacionado con la campaña electoral de Lucero.

El imputado reconoció que estuvo presente durante el procedimiento y describió entre los elementos retirados escritorios, sillones y una mesa de gran tamaño con vidrio. También afirmó que actuó siguiendo directivas de Lucero y Beltrán, a quienes identificó como “los jefes”.

Según su relato, una vez que los muebles habían sido descargados, envió una fotografía para informar que la tarea estaba terminada y recibió la indicación de cerrar y apagar las instalaciones.

Dinero y recursos utilizados durante la campaña

Otro de los puntos centrales de la declaración fue el supuesto uso de recursos del Molino Fénix durante la campaña electoral de 2023.

Torres afirmó que se utilizaron fondos del complejo para adquirir remeras y buzos con la imagen de Anabela Lucero, quien fue candidata a intendenta de Villa Mercedes.

También relató que se compraba mercadería para armar bolsones que posteriormente eran distribuidos con fines electorales. Según su declaración, empleados del Molino participaban en el armado de esos bolsones y, en algunos casos, eran convocados a actividades políticas.

El imputado también mencionó el pago de colectivos utilizados para trasladar personas a actos políticos y la emisión de cheques por $50.000, que, según su versión, eran presentados como ayudas sociales y culturales.

La documentación que terminó destruida

Torres también declaró sobre el retiro y posterior destrucción de documentación.

Según su relato, el 9 de diciembre de 2023 fue convocado junto con otros trabajadores a la Casa de la Música. Allí, afirmó, se separaron legajos, facturas, boletas y otros documentos que fueron colocados en bolsas.

Luego describió un procedimiento similar en las oficinas de Recursos Humanos del Molino Fénix. Parte de esa documentación habría sido trasladada en un carro y posteriormente arrojada en un basural.

La destrucción de documentación constituye uno de los hechos que la Fiscalía ya había incorporado a la investigación. Según la acusación, también se habrían eliminado registros informáticos y material de cámaras de seguridad después del cambio de gobierno.

Cómo funcionaban los pagos

Por su función en el área contable, Torres también explicó ante el juez cómo se manejaban los pagos y transferencias.

Dijo que Beltrán le enviaba por mensajes las facturas y le indicaba cuándo debía realizar las transferencias o confeccionar los cheques. Aclaró que él completaba los datos de los cheques, pero que no los firmaba.

Según su declaración, existían tres personas autorizadas para firmarlos: Beltrán, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, y se requerían dos firmas para concretar la operación.

La Fiscalía investiga si parte de esos mecanismos fueron utilizados para desviar fondos públicos mediante facturas y operaciones que no se correspondían con servicios efectivamente prestados. La acusación fiscal sostiene que el perjuicio económico podría superar los $900 millones, aunque las pericias todavía no están concluidas.

La situación judicial de los involucrados

La causa investiga a seis personas y tiene como principales acusados a Lucero y Beltrán. La Fiscalía les atribuye, entre otros delitos, asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia.

Lucero permanece con prisión preventiva desde el 24 de agosto, mientras que Beltrán continúa en libertad debido a que mantiene sus fueros como diputado provincial y se encuentra en trámite el pedido de desafuero.

También están imputados Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres y el empresario Christian Becher, aunque la situación procesal de cada uno es diferente.

La declaración de Torres constituye ahora uno de los elementos incorporados al expediente. Sus dichos deberán ser contrastados con documentación, registros audiovisuales, pericias y el resto de las pruebas reunidas por la Fiscalía antes de que la Justicia determine las responsabilidades penales que correspondan.