Justicia
La Corte revocó un fallo que favorecía a la AFA y respaldó las facultades de la IGJ
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo que había favorecido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la disputa por su cambio de domicilio y jurisdicción.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, actuales integrantes del máximo tribunal.
El conflicto se originó a partir de la asamblea realizada por la AFA el 17 de octubre de 2024, cuando la entidad aprobó modificar su estatuto y fijar su domicilio social en la provincia de Buenos Aires.
A partir de esa decisión, la Asociación inició los trámites para dejar la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y pasar a estar bajo control del organismo provincial correspondiente.
Sin embargo, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la inscripción del cambio de jurisdicción y también la cancelación de la registración de la AFA en su jurisdicción de origen.
La entidad futbolística cuestionó esas resoluciones ante la Justicia y la Cámara Civil terminó dándole la razón.
La IGJ llevó entonces el caso ante la Corte Suprema, que ahora resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Cámara al considerar que el fallo presentaba arbitrariedades.
Para el máximo tribunal, el cambio de jurisdicción no queda perfeccionado únicamente con la decisión estatutaria o con la inscripción en otra provincia.
La Corte sostuvo que la cancelación de la inscripción en la jurisdicción de origen es un requisito necesario para completar el traslado.
Mientras ese paso no se concrete, la entidad continúa sometida a la fiscalización del organismo que tenía competencia previamente.
En términos prácticos, la resolución implica que la IGJ mantiene sus facultades de control sobre la AFA mientras siga vigente su inscripción en la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo no impide de manera definitiva que la Asociación pueda trasladar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, pero establece que el procedimiento debe completarse conforme a las exigencias registrales antes de que cese la intervención del organismo de origen.
La decisión vuelve a colocar en primer plano una disputa institucional que excede al fútbol y gira alrededor de qué autoridad estatal debe controlar a la AFA y en qué momento se considera jurídicamente perfeccionado un cambio de jurisdicción.